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| Los cultivos ilícitos son expresión de los desajustes sociales en el campo y el tráfico de drogas de la degradación del sistema que se sustenta en el capital nacional y transnacional. |
Enviado especial
Los aspectos de fondo están aún sin resolver a pesar del intenso trabajo de ambas partes. Las FARC-EP insisten en las razones sociales de los cultivos de uso ilícito, así como en la esencia capitalista del narcotráfico. Termina primera ronda
El pasado jueves 28 de noviembre empezó en La Habana (Cuba) la nueva ronda de conversaciones de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia – Ejército del Pueblo, al abordar el tercer tema, cuarto de la agenda contenida en el “Acuerdo General para ponerle fin al conflicto y construir una paz estable y duradera”, referido al narcotráfico y los cultivos ilícitos. La ronda culminó el 8 de diciembre pasado.
La ONU y el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional entregaron la sistematización de las propuestas de los dos foros que sobre el problema de las drogas ilícitas se realizaron a solicitud de la Mesa de Conversaciones, en Bogotá y San José de Guaviare.
En el Foro Nacional “participaron 1.040 personas, de las cuales 700 provinieron de los 32 departamentos de Colombia. Fueron invitados panelistas nacionales e internacionales que, junto con los participantes, presentaron iniciativas propuestas en torno a los temas previstos”, recordaron la UN y la ONU en el comunicado conjunto.
En el Foro Regional participaron 301 personas provenientes de los departamentos del Meta, Guaviare y Caquetá. Fueron invitados académicos y autoridades locales que, junto con los delegados, entregaron propuestas de acción, así como valiosos testimonios respecto a la problemática que viven las comunidades en zonas de cultivos de uso ilícito y valiosas iniciativas locales de sustitución voluntaria y concertada con las autoridades”.
La posición oficial es superficial
El Gobierno Nacional hizo la presentación del tema en declaraciones públicas, reduciendo el debate a que “es necesario sacar a las FARC y al ELN del negocio de las drogas”, omitiendo cualquier alusión a la responsabilidad del Estado colombiano y a sus instituciones que se dejaron permear de los carteles de las drogas. Un alto funcionario de la DEA, en la década de los 80, caracterizó a Colombia de “narcodemocracia”. Nada de esto le mereció ninguna opinión a los voceros gubernamentales y al presidente Santos que se refirieron al tema.
Las FARC-EP, en declaración del comandante Iván Márquez, reconocieron que la guerrilla cobra un impuesto de gramaje en las zonas de conflicto a los dueños de cultivos ilícitos, pero también advirtió que otros cultivos de la hoja de coca obedecen a razones ancestrales y culturales como en el caso de los indígenas, como también por razones medicinales e industriales.
La Delegación de Paz de las FARC-EP, en la declaración pública que antecedió al inició de la nueva ronda de conversaciones, planteó: “La construcción de acuerdos sobre el cuarto punto de la Agenda, tercero en la discusión, demanda esfuerzos por superar caracterizaciones simplistas del problema, que pretendan reducirlo a un asunto de campesinos productores de ‘cultivos ilícitos’ frente a los cuales debe imponerse la política criminal del Estado”.
Estableció que es un problema “consustancial al modo de producción capitalista y, en especial, a sus formas criminales”. Lo calificó de “negocio corporativo transnacional, cuya mayor expansión se origina en las demandas crecientes por nuevas fuentes de acumulación y rentabilidad, en el contexto de la crisis mundial de 1974-1975”.
En opinión sustentada, las FARC consideran que “el negocio cubre todas las fases del proceso de producción (producción, circulación, distribución y consumo); se encuentra estimulado por un creciente consumo proveniente de los países del capitalismo central, en especial de Estados Unidos y Europa, y sobre todo por su carácter ilegal, el cual le confiere altísimas tasas de rentabilidad; se sustenta en una división internacional capitalista del trabajo, en la que los eslabones más fuertes y de mayores dividendos se encuentran en el lavado de dinero, sea a través de ‘alianzas estratégicas’ con empresas capitalistas legales productivas y de prestación de servicios o de su incorporación en los circuitos financieros”.
Las políticas neoliberales se han convertido en un importante estímulo al negocio transnacional al haber reducido de manera significativa e incluso eliminado los controles estatales a los flujos de capital.
El negocio de la droga
En este sentido, “el narcotráfico debe considerarse esencialmente como una empresa capitalista transnacional de carácter criminal. Fue convertido en pretexto para la intervención imperialista luego del derrumbe soviético, tras la ‘desaparición del coco comunista’. La invención del nuevo enemigo se acompañó en nuestro país de operaciones ideológicas de producción lingüística dirigidas contra la guerrilla revolucionaria, orquestadas por los grandes conglomerados de las comunicaciones. La ‘guerra contra las drogas’ no ha combatido los componentes más lucrativos del negocio, sino que se ha erigido contra los más débiles”, dicen las FARC-EP.
El interesante documento de las FARC-EP, en que abundan conceptos, análisis y propuestas, califica el problema de los cultivos ilícitos como un problema de naturaleza social que no puede ser resuelto por la vía militar. “Aspiramos a un país sin coca a la que se le den usos ilícitos; aspiramos a un país con coca para usos alimenticios, medicinales e industriales, y de reconocimiento pleno y respeto a los usos culturales que nos enseñan nuestras comunidades indígenas ancestrales”.
“Deseamos un país sin cocaína, aunque somos conscientes que ello depende más bien de regulaciones y definiciones de alcance global por parte de todos los Estados que de manera directa o indirecta se encuentran involucrados en la organización de esta empresa capitalista transnacional de carácter criminal”.
“Dado el reconocimiento en múltiples sectores de la opinión pública mundial del fracaso de la ‘guerra contra las drogas’ y de las políticas prohibicionistas, en la actualidad existen condiciones para abordajes de la solución al problema de las drogas ilícitas más ceñidos a la realidad, incluidos los enfoques de salud pública y las políticas contra el lavado de dinero”, remata el documento de las FARC-EP.
Referendo vs. ANC
Sin embargo, antes de iniciar la discusión del tercer punto, el Gobierno Nacional y las FARC-EP se pusieron de acuerdo en el documento que presentarán a los medios de comunicación, al país y al mundo, que contempla los acuerdos logrados en el tema de la participación política y también los 14 puntos que quedaron en el refrigerador.
El interés de las partes es avanzar en el tiempo razonable, aunque falta bastante por superar las diferencias en los aspectos fundamentales de las reformas que remuevan las causas del conflicto. “El Gobierno Nacional y las FARC-EP estamos trabajando con ahínco, pero es necesario ir al meollo del asunto que son las causas del conflicto que están ahí, aún sin superarse”, dijo uno de los voceros de la delegación de paz de la guerrilla.
Asimismo, los voceros de la insurgencia insistieron en la designación de una Comisión que estudie el origen del conflicto y la situación de las víctimas, en adelanto al punto que se discutirá cuando las partes así lo decidan. Continúa latente la diferencia en el mecanismo de refrendación pues el Gobierno insiste en el referendo ya aprobado en el Congreso; y la guerrilla en la Asamblea Nacional Constituyente, también propuesta por numerosas organizaciones de la “sociedad civil”. Una reciente encuesta divide al país: la mitad por el referendo y la otra mitad por la Asamblea Nacional Constituyente. La nueva ronda comenzará la próxima semana.
Semanario Voz
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