El inicio de los diálogos de La Habana se dio en medio de enormes expectativas en el país y en el exterior, porque la mayoría de los colombianos cree que es posible allanar el camino de la paz por la vía del diálogo y de un acuerdo democrático político y social.
De todas maneras, en medio del optimismo moderado, aparecen las dificultades, porque son evidentes las distintas interpretaciones sobre la agenda, de su alcance como está previsto en el preámbulo y en el contexto en que la misma se ubica en el Acuerdo General, así como del papel y el espacio real que debe tener la participación ciudadana, en particular las organizaciones sociales, sindicales y populares que son las más afectadas por el conflicto y que viven en carne propia la acuciante problemática social del país.
Las posiciones ideológicas son antagónicas, obedecen a dos concepciones diferentes de la realidad del país. El Gobierno Nacional no puede soslayarlo con el argumento equivocado de Humberto de la Calle Lombana, cabeza del equipo gubernamental, quien argumenta que en La Habana no se va a debatir ideología ni a hacer discursos. Por supuesto, que se van a debatir ideologías, no en la idea que una parte debe cooptar a la otra, ello es imposible, pero sí para marcar las diferencias y buscar los acuerdos concretos en medio de las diferencias. Para ello es el diálogo. De lo contrario no tendría sentido.
Los voceros del Gobierno deben abandonar la visión limitada y prepotente, porque creen que tienen dominada a la insurgencia. Esta no llega vencida ni doblegada, como sus representantes lo han dicho una y otra vez, tienen la moral en alto y están animados de creatividad y espíritu constructivo.
De entrada, las FARC-EP decretaron para ambientar el diálogo, un cese de fuegos y de hostilidades que será vigente desde el 20 de noviembre del presente año hasta el 20 de enero de 2013. El país podrá disfrutar de la navidad y de las festividades de fin de año en paz y tranquilidad, si el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón lo permite. Porque su ánimo belicista, propio de una marioneta del militarismo y del uribismo, lo ha colocado en la condición de enemigo de la paz. Quiere dinamitar la mesa de La Habana. No se sabe si esa actitud es concertada con el alto Gobierno para que juegue el papel de “niño malo”. A la hora de la verdad es la vieja táctica del establecimiento de golpear a la guerrilla, para llevarla derrotada a la mesa de rendición. Por cierto, fracasada a lo largo de tantos años intentos de buscar la salida política democrática del conflicto colombiano.
El Gobierno Nacional está en deuda con el país, porque en hasta la fecha no ha hecho ningún gesto de paz, distinto a sentarse en la mesa de La Habana. La política social no es de reconciliación, sino de fortalecimiento del modelo económico de acumulación capitalista, inspirado en el neoliberalismo de mercado, en crisis en el mundo, que busca la confianza inversionista en favor del gran capital, de los monopolios, del sistema financiero y de las transnacionales. En el fondo, pareciera querer la paz pero no para fortalecer la democracia y la justicia social, sino para favorecer los negocios de los ricos nacionales y extranjeros que se lucran del trabajo y de la riqueza nacional.
Por esta razón, es importante la participación social y popular en espacios que sobrepasen la fría oferta de la internet que hace el Gobierno Nacional.
La profundidad de la agenda va a depender de las exigencias de la participación popular, no cabe la menor duda. El diálogo de La Habana tiene sentido si va a lo profundo de las causas del conflicto y de las principales necesidades nacionales para disminuir la pobreza y la desigualdad. De lo contrario no habrá paz. Esta, para que sea estable y duradera, requiere de cambios democráticos y sociales.
¿Qué garantiza la igualdad de partidos y movimientos políticos, antiguos y nuevos? Podrá ser democrático ele espacio políticos en las condiciones de hoy cuando campea la violencia del Estado, la parapolítica, el clientelismo, la corrupción y la impunidad de los crímenes de Estado que quiere ser apuntalada con el fuero militar? ¿Podrá haber reforma agraria sin tocar la concentración de la propiedad sobre la tierra? ¿Podrán disminuir la pobreza y la desigualdad con la reforma tributaria que libera de impuestos a los ricos y endurece con los pobres?
¿Con la actual concepción de seguridad nacional de las Fuerzas Militares y de su estrecha relación con el paramilitarismo está asegurado el fin del terrorismo de Estado?
Son preguntas que deben tener respuesta. No sirve la posición oficial que mete la cabeza en la tierra ante temas trascendentales. Como se ven son marcadas las diferencias, no solo en la mesa sino con las organizaciones del pueblo que no tienen asiento en ella. El Gobierno debe modificar la actitud de prepotencia para que fluyan el diálogo y los acuerdos
Editorial de VOZ
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