Aunque los voceros del Gobierno y de las FARC-EP en la Mesa de Paz de
La Habana han alcanzado un buen nivel de cordialidad y armonía, son
evidentes las distancias a la hora de los debates sobre el primer tema
de la Agenda contenida en el “Acuerdo General para la terminación del
conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. En medio del
respeto mutuo afloran distintas percepciones de forma y contenido, a la
hora de establecer el camino hacia la concreción de acuerdos en el
primer punto sobre “Desarrollo agrario integral” y de la metodología del
funcionamiento de la mesa -
VOZ investigó, en la antesala del reinicio de las conversaciones el
pasado lunes 14 de enero, lo que no se conoce por la confidencialidad de
las sesiones. Fueron consultadas las declaraciones de la Delegación de
Paz de las FARC-EP y de sus integrantes, los escasos pronunciamientos de
los voceros gubernamentales y fuentes cercanas a las dos partes, para
contar lo que se podrían llamar las intimidades de la mesa.
Un debate de fondo ha sido el alcance de la agenda, vinculante con el
preámbulo y el contexto del “Acuerdo General”. Para el Gobierno no
existe supeditación entre uno y otro, porque el modelo económico no es
discutible, como tampoco los son temas cruciales para el país como la
minería y los recursos energéticos. Son parte de la concepción heredada
del uribismo de la llamada confianza inversionista. Como tampoco acepta
alusiones directas a los grupos económicos y a los principales
expoliadores de la riqueza nacional y del trabajo. Ni siquiera en el
glosario acepta el término “latifundio”, como tampoco la responsabilidad
estatal en la violencia y en las víctimas del conflicto. De suyo, los
voceros oficiales se han opuesto a la adopción de un glosario que ubique
conceptos y términos a resolver y definir en aras de un buen acuerdo.
Las dos delegaciones
Los voceros gubernamentales han superado las prevenciones que les
despertó el discurso de Iván Márquez en Oslo, Noruega, pero consideran a
Santrich como el “duro” de la delegación de las FARC-EP. En la
Delegación de Paz de la guerrilla todos participan y hacen aportes. Del
lado del Gobierno es visible el liderazgo de Sergio Jaramillo, más allá
de la condición de jefe de la delegación del ex vicepresidente Humberto
de la Calle Lombana, quien repite el discurso de Oslo de que nada de lo
fundamental se puede discutir. Para Jaramillo las reformas sustanciales
“deben ganarlas las FARC en la democracia” después de dejar las armas.
El resto de los integrantes oficiales son bastante silenciosos, aunque
el general Mora interviene con frecuencia, sobre todo para advertir que
hay poco respaldo al proceso y es necesario llegar pronto al final. El
general Naranjo ha estado tres o cuatro veces pero sin mayor
participación.
No hay todavía una metodología del funcionamiento de la mesa y ello
preocupa a ambas partes, es uno de los temas a discutir en este ciclo de
reuniones. El Gobierno hizo ya un proyecto; las FARC presentaron el
suyo, en el cual hay coincidencias, pero estas son más enfáticas en la
necesidad de una relatoría de los acuerdos, aunque sería preferible,
según su opinión, la elaboración de actas de cada reunión, inaceptable
para el Gobierno. “Si no hay actas o relatorías quedan a la libre
interpretación los acuerdos a que se lleguen”, comentó una fuente de las
FARC. Parece justa la preocupación cuando hay discrepancias en la
interpretación del Acuerdo General, porque la parte oficial no considera
vinculantes el preámbulo y el contexto y asegura que son cinco y no
seis los puntos de la agenda como está establecido en la misma.
Amenazas oficiales
Las FARC-EP protestaron por la amenaza de judicialización a las
personalidades e individuos que se reúnan en La Habana con la delegación
de Paz de la insurgencia. “Es una actitud de intransigencia exagerada y
de establecer un cerco absurdo con quienes representan la voluntad de
paz de las FARC”, le declaró a este semanario el vocero de una
organización social dispuesta a viajar a La Habana. El Gobierno
desconoce el derecho que le asiste a la Delegación de Paz de la
guerrilla de recibir a todo aquel que quiera hablar sobre el proceso,
habida cuenta de que este es de interés nacional e internacional y los
miembros de ella tienen suspendidas las órdenes de captura. Desde ese
punto de vista no son ilegales, ni perseguidos por la ley. El Gobierno
alega que hay gente dedicada a “meter ruido” y se queja de viajes
inconsultos de Álvaro Leyva y de la dirección del Partido Comunista.
“Hemos hablado con el Gobierno Nacional, inclusive con el presidente
Juan Manuel Santos, así como con la Delegación de Paz de las FARC, para
plantearles nuestras opiniones respecto a la solución política del
conflicto; lo seguiremos haciendo porque no es ilegal o clandestino”, le
dijo a VOZ un dirigente del Partido Comunista Colombiano.
No habrá acuerdos en la sombra
Los voceros de las FARC dejaron en claro que, en uso de su soberanía
política, mantendrán sus mecanismos de interlocución y canales de
participación política abiertos para expresar sus opiniones respecto a
los sucesos de la vida política nacional. En este sentido, abogan por la
ampliación de la participación popular. “Las queremos aquí sentadas de
viva voz”, dijo Iván Márquez al recibir las relatorías del Foro Agrario
de manos de las Naciones Unidas y la Universidad Nacional, el pasado 10
de enero, en La Habana.
El tema de la participación es otro punto de contradicción. Para el
Gobierno no es importante. Aceptó a regañadientes la realización del
Foro Agrario y miró con desdén el importante resultado de las mesas
regionales promovidas por las comisiones de paz del Senado y la Cámara
de Representantes, hasta el punto que negó la posibilidad que la
relatoría del PNUD de Naciones Unidas que refleja la profundidad del
debate y de las propuestas de las organizaciones locales y regionales,
se entregaran en La Habana. La recibieron los países garantes, Cuba y
Noruega, en Bogotá en un acto frío y de limitada participación.
“El pueblo es el que debe pronunciarse, su participación es
definitiva”, le dijo a VOZ el comandante Iván Márquez. Y agregó: “La
movilización popular es definitiva para el logro de la paz; el Gobierno
sigue actuando, en lo militar, en lo político y en lo social, como si no
hubiera proceso de paz”. “De ninguna manera habrá acuerdos en la sombra
o a espaldas del país”, dejó en claro el jefe de la Delegación de Paz
de las FARC-EP.
El Gobierno tiene una actitud cicatera hacia las iniciativas sociales
y populares. Es una idea formal y superficial de la participación
ciudadana.
Importantes avances
Ambas partes reconocen el significado y el aporte de las mesas
regionales promovidas por el Congreso de la República y el Foro Agrario,
primer acuerdo concreto de la Mesa y que tuvo la participación de más
de 1.200 delegados, en representación de medio millar de organizaciones.
Igualmente, valoran la presencia de campesinos, empresarios y académicos, así como la recepción de propuestas a través de la página web
en pleno funcionamiento desde el mes de diciembre del año pasado.
También reconocen lo positivo de la presencia de los profesores Darío
Fajardo y Francisco Gutiérrez en una primera sesión y de Jairo Estrada y
Absalón Machado en la segunda. Los académicos demostraron con cifras la
profunda desigualdad en el campo por la concentración de la tierra y el
fracaso del modelo económico. En el primer punto salen a flote
coincidencias sobre el uso de la tierra, pero también diferencias en lo
que tiene que ver con el alcance de una verdadera reforma agraria.
Iván Márquez le dijo a VOZ con claridad: “Sin cambios profundos en la
sociedad no habrá paz”, al tiempo que demandó una vez más la presencia
de Simón Trinidad en la Mesa de La Habana. Asegura, en entrevista que publica www.semanariovoz.com,
que “si el gobierno Santos aceptara para después del 20 enero un
armisticio o un cese bilateral de fuegos, por un tiempo limitado, como
un ensayo si se quiere, las FARC-EP no dudarían en pactarlo”. Existen
razones para el optimismo a pesar de las complejidades.
Edición VOZ 2672
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