Foto CALSLos decretos del Gobierno Nacional al amparo de la "emergencia social" dizque para superar la crisis de la salud pública, son verdaderos esperpentos antidemocráticos en beneficio de los mercaderes que se lucran de la privatización de la salud y afectan, en particular, a los sectores más populares y de menor ingreso en el país. Con el argumento de que el Gobierno no está en posibilidades de sostener el sistema de salud que la misma oligarquía colombiana diseñó en el afán privatizador de la onda neoliberal, pretende el gobierno uribista descargar obligaciones adicionales, más allá del pago mensual que le descuentan a los trabajadores y al encarecimiento del servicio a través de las cuotas moderadoras y de la exclusión del POS de medicinas y tratamientos médicos en enfermedades graves.
No hay que olvidar que fue el entonces senador Álvaro Uribe Vélez, en 1993, el ponente de la ley Drácula de privatización de la salud y la seguridad social, como la llamó en su tiempo el inolvidable Manuel Cepeda Vargas. Y varias de las reformas aún más regresivas se han implementado en las dos funestas administraciones uribistas, de la mano del ministro de la Desprotección Social, Diego Palacio, agente del capital. Con estos decretos de "emergencia social" se confirma el carácter plutocrático de este Gobierno, porque todas sus medidas y "programas banderas" se convierten en vías de lucro y de negocio de los poderosos.
En este caso, el Gobierno de Uribe Vélez no vacila en afectar a los médicos a quienes amenaza con sancionar si no se someten a la orientación de favorecer a la empresa privada y en desmedro de la eficaz atención a la salud de los colombianos y las colombianas. Convierte a los médicos, que tienen el amparo del juramento hipocrático, en simples servidores del negocio lucrativo de la salud pública.
Este nuevo acto de agresión social al pueblo colombiano no puede pasar inadvertido. Los trabajadores, en particular las organizaciones sindicales, no puede permanecer en silencio y pasivas frente a este desafuero del capital, debe haber una respuesta masiva y de movilización popular en rechazo a este atraco a los sectores populares.
Carlos A. Lozano Guillén
Candidato a la Cámara por Bogotá, PDA Nro. 109
Bogotá D.C. 26 de enero de 2010
El caso de Colombia
La ONU y el sistema internacional de impunidad
Carlos Alberto Villanueva
Rebelión
“¿Quién es responsable de estas matanzas premeditadas? Por una parte, no he encontrado pruebas que indiquen que estas ejecuciones se llevaron a cabo como política oficial del Gobierno, o que fueron dirigidas o llevadas a cabo sabiendas del Presidente o de los sucesivos Ministros de Defensa… ”.
Philip Alston, Relator de la ONU para el tema las ejecuciones
extrajudiciales, declaraciones preliminares con motivo de
su visita a Colombia, en Junio de 2009.
El año pasado se desplazaron, en total, cuatro misiones de relatores especiales de las Naciones Unidas a Colombia con la intención de analizar las cuestiones de las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, la situación de los D.D.H.H y de las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, la independencia de la justicia y la situación de los defensores de Derechos Humanos. Siga..
Philip Alston, Relator de la ONU para el tema las ejecuciones
extrajudiciales, declaraciones preliminares con motivo de
su visita a Colombia, en Junio de 2009.
El año pasado se desplazaron, en total, cuatro misiones de relatores especiales de las Naciones Unidas a Colombia con la intención de analizar las cuestiones de las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, la situación de los D.D.H.H y de las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, la independencia de la justicia y la situación de los defensores de Derechos Humanos. Siga..
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