Facilitarles servicios de salud, educación y vivienda a las víctimas, son beneficios que no pueden ser catalogados como 'reparación', indicó el Alto Tribunal.
La Corporación tumbó el inciso de la ley de justicia y paz que determinaba que "los servicios sociales brindados por el gobierno a las víctimas, de conformidad con las normas y leyes vigentes, hacen parte de la reparación y de la rehabilitación".
La Corte argumentó que esos servicios sociales son obligación del Estado para todos sus ciudadanos, y por eso no se puede pensar que al otorgárselos a una víctima, se le está reparando.
El artículo 47 de la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) habla de la rehabilitación a las víctimas de los actores armados, que debe salir del Fondo para la Reparación de las víctimas.
¿Quiénes son víctimas?
Son todos los civiles que "sufran perjuicios en su vida, o grave deterioro en su integridad personal o en sus bienes, por razón de atentados terroristas, combates, secuestros, ataques y masacres en el marco del conflicto armado interno"; los desplazados y toda persona menor de edad "que tome parte en las hostilidades".
De igual manera la ley considera víctima a la familia inmediata de quien haya sufrido el daño, a quienes estén a cargo de él o quienes tengan una relación directa con él.
El Ejército ha sido cuestionado en varias ocasiones por el tema de las muertes en combate (FALSOS POSITIVOS)Según un informe de la Fiscalía General de la Nación, mientras que hace dos meses se investigaban 558 procesos, hoy dicho número llegó a 703.
El informe de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación indica que tras las diversas investigaciones, 46 personas han sido capturadas.
Según éste, 952 integrantes del Ejército han sido vinculados a las investigaciones, 267 desde que se desató el escándalo por las desapariciones en Soacha, sin que esto quiera decir que los uniformados bajo pesquisa tenga que ver con el sonado caso.
De acuerdo con el estudio del ente acusador, 1155 personas figuran como víctimas, 50 de ellos menores de edad y 92 mujeres. La mayoría de los casos se reportan en Antioquia, con 219 procesos. En este departamento se registraron 64 casos en los últimos dos meses. Meta sigue en la desafortunada lista, con 115 casos, 65 más que Norte de Santander, que ocupa el tercer lugar.
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