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| Bernardo Jaramillo Ossa, candidato presidencial de la Unión Patriótica, asesinado el 22 de marzo de 1990 |
La doctora Paula Gaviria, directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, escribió una columna de opinión en El Tiempo del pasado viernes 18 de octubre, con el título de “Una nueva esperanza: Una rosa llamada UP”.
Un interesante artículo con ocasión del 11 de octubre, día en que se conmemora el genocidio de la Unión Patriótica. Cinco mil de sus dirigentes y militantes, asesinados en un exterminio político con participación del Estado. También fue el genocidio del Partido Comunista Colombiano, como quiera que el 90% de los asesinados eran dirigentes y militantes suyos. Hay que abonar el hecho de la buena intención de la doctora Gaviria, quien asegura que el Gobierno Nacional está dando los pasos necesarios para la reparación de las víctimas, “entre las cuales sin duda se encuentra la UP”. Señala, también, que “esta obligación del Gobierno no es un propósito etéreo”.
No siempre desde el Gobierno se escuchan estas voces sensatas, así la autora de la columna de opinión no califique el exterminio de la Unión Patriótica de genocidio, pues se refiere a él como “la eliminación de la Unión Patriótica”. Al menos, no cae en el insulto de los voceros del anterior gobierno y algunos de este, que atenúan la responsabilidad estatal con el manido argumento que “a los de la UP los mataron por combinar las formas de lucha”. Una manera de justificar el genocidio.
Sin embargo, hay que decir que al Gobierno Nacional actual le falta mayor compromiso con las víctimas, incluyendo las de la Unión Patriótica. Algunos acuerdos logrados en el marco de la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que se adelantaron en anteriores gobiernos, son desconocidos en los últimos tres años, como los proyectos productivos que benefician a sobrevivientes y familiares del holocausto.
De ministerio en ministerio, de oficina en oficina, se pasan la pelota sin resultado concreto. Antes los asumía el Ministerio del Interior bajo la orientación del CRER, instancia de participación gubernamental y de los representantes de la UP y el Partido Comunista, que definía la ejecución de los acuerdos de reparación.
Ahora, en el llamado Cerrem, son engorrosos los trámites para brindarles protección a los amenazados, algunos de los cuales son despojados de vehículos y escoltas con el pretexto que no tienen “nivel extraordinario de riesgo”, cuando en muchos casos reciben amenazas a diario y se desempeñan en zonas peligrosas y de presencia paramilitar.
Falta más compromiso y decisión del gobierno Santos, con las víctimas, incluyendo las de la UP. En contraste con la doctora Gaviria, Adriana Guillén de la Oficina Jurídica de la Presidencia asegura que hay “falsas víctimas” entre las reportadas por la UP y el Partido Comunista. ¡Qué tal!
carloslozanogui@etb.net.co
Semanario Voz
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