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| La movilización popular por la paz será la garantía para blindar el proceso en La Habana . Foto archivo. |
Los principales protagonistas son los sectores populares a través de la movilización de masas
El miércoles 20 de febrero, fecha en que en 2002, por decisión del entonces presidente Andrés Pastrana Arango, se produjo la ruptura de los diálogos de paz en San Vicente del Caguán, el ahora mandatario de los colombianos, Juan Manuel Santos, arremetió contra las FARC a las que acusó de ser las principales despojadoras de tierras y señaló a Jorge Briceño, conocido como el “Mono Jojoy”, muerto en el bombardeo a su campamento en una región del Meta, de acaparar fincas a título personal y a través de “testaferros”, durante los diálogos del Caguán.
En el 13 aniversario de la ruptura del proceso de paz, el presidente Santos Calderón no hizo ninguna valoración del mismo a pesar de que fue ministro en el gobierno que lo adelantó, como tampoco alusión alguna a los diálogos de La Habana, que se realizan en esta capital por iniciativa suya como se lo recordó el comandante de las FARC-EP Timoleón Jiménez.
Este episodio, con vasto y espectacular manejo mediático, tuvo enormes repercusiones, porque las FARC-EP tomaron el hecho como una abierta provocación. El jefe de las FARC le dirigió una carta abierta al presidente Santos en que lo llama a “sacar el proceso del pantano a que lo está llevando”. Pero ahí no se quedó la protesta ni la incomodidad de la guerrilla. Durante dos días, Iván Márquez, jefe de la delegación de paz de las FARC-EP, se alejó de las deliberaciones y durante un día no apareció Ricardo Téllez, segundo a bordo de la delegación.
Debilidad gubernamental
Para expertos en el tema, consultados por este semanario, “es evidente que las FARC están molestas, porque el incidente generó mayor desconfianza”. A las palabras de Santos se sumó la campaña del ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, para responsabilizar a las FARC de ser los mayores victimarios del despojo, mientras no dice nada de la concentración de tierras en manos de paramilitares y narcotraficantes, mayor expresión de la degradación del conflicto colombiano.
“No puede resultar indiferente para nosotros que el Presidente de la República que desde el comienzo mismo de su gobierno buscó contactarnos para dialogar de paz, argumentando que reconocía buena parte de justicia en nuestras reclamaciones, aunque no los métodos que empleábamos para hacerlas, se presente a San Vicente un 20 de febrero, rememorando el fin de los diálogos del Caguán, en un acto calificado por él mismo como doblemente simbólico, para denostar de todos los modos posibles contra las FARC y sus comandantes más queridos, sin hacer la más mínima mención al proceso de paz que se cumple con su gobierno en La Habana”, dice un párrafo de la carta pública de Timoleón Jiménez, publicada en anterior edición de VOZ.
A las FARC-EP, como a varios analistas de paz, les llama la atención que los principales voceros gubernamentales no defienden el proceso de La Habana, a pesar de que la delegación oficial reconoce avances y coincidencias, recogidas en cinco pliegos en donde están ubicados los temas con afinidades. Aunque, por supuesto, son 26 temas, por lo menos, en que existen diferencias y contradicciones respecto del primer tema de la agenda.
“Santos no defiende para nada la existencia del proceso de paz, esa es una enorme debilidad y por ende concesión a los enemigos de la paz”, le dijo uno de los voceros de la delegación de paz de las FARC a este semanario. Pareciera que el presidente le teme a Uribe Vélez, quien con frecuencia le recuerda que él fue elegido con su guiño y su programa.
Otros temas de debate
Hay otros temas de debate que suscitan también pugnacidad e inconformidad con la guerrilla. Como por ejemplo la convocatoria de la asamblea nacional constituyente, rechazada por el Gobierno sin ninguna discusión. Ha sido una bandera de las FARC desde los tiempos de La Uribe (Meta), propuesta por Jacobo Arenas. “No es verdad, dice un vocero de las FARC-EP, que solo la propongamos ahora a iniciativa de Álvaro Leyva, como asegura de manera errada una artículo de El Tiempo del pasado domingo”.
Explica que es una vieja aspiración guerrillera en tanto que el acuerdo para la paz estable y duradera debe incorporarse a la Constitución Política como garantía de su acatamiento por los poderes públicos. “No puede quedar al libre albedrío del gobernante de turno y a que se nos ponga conejo”, anotó.
Ha dicho también la delegación de paz de las FARC-EP que “en desarrollo de una política de paz sincera y creíble, el gobierno nacional debe cesar la estigmatización y persecución pertinaz que viene haciendo desde el mismo Ministerio de Agricultura contra las zonas de reserva campesina y sus dirigentes, lo cual es notorio y de suyo contradictorio en tiempos en que se avanza en unos diálogos de paz que supuestamente tienen a los pobladores rurales y especialmente a los campesinos como sus beneficiarios principales”.
“Urge, además, que el gobierno nacional sustraiga las zonas de reserva campesina de sus planes de guerra, suspendiendo la represión, las continuas violaciones a los derechos humanos y su pretensión de cobijar estos espacios de paz y desarrollo rural dentro de sus planes de consolidación”. Es contradictorio que el Gobierno decrete las zonas de reserva campesina pero al mismo tiempo las persiga, las considere “zonas de orden público” bajo el control del Ministerio de Defensa. Todos los campesinos, beneficiarios de proyectos en estas zonas, deben entregar su hoja de vida para estudio y aprobación de los militares.
“Es la diferencia con la posición oficial, advierte un integrante de la delegación de paz de la guerrilla, mientras nosotros hemos colocado 40 propuestas sobre el primer tema, el Gobierno no presenta ninguna y pretende obligarnos a adoptar las suyas, aprobadas sin discusión en la mesa, por el Congreso de la República.
Falta mayor compromiso
No se puede decir que la mesa de La Habana va mal. Como lo dijo Iván Márquez hace unos días, nunca se había avanzado tanto en coincidencias y puntos de discusión. Pero falta mayor compromiso del Gobierno Nacional para que el proceso arroje resultados. Porque del lado oficial los tiempos son fatales, colocan la mesa en la condición de rehén del tiempo, pero se cierra a producir acuerdos definitivos porque no quiere debatir los temas cruciales ni en el primer punto de la agenda, ni en otros porque a se opone a que sean considerados los más trascendentales, al tiempo que se cierra a la participación ciudadana.
En el exterior hay positivas expectativas de paz. El presidente y candidato presidencial del chavismo, Nicolás Maduro, en entrevista para Telesur, el lunes 11 de marzo, dejó en claro que no se modificará un ápice el compromiso del presidente Hugo Rafael Chávez con la paz de Colombia. Fue uno de sus sueños, de sus aspiraciones y contribuyó a que se convirtiera en realidad el escenario de La Habana.
Pero será difícil la concreción de acuerdos como lo demanda el propio Gobierno, si no se producen cambios en el compromiso oficial. Se requiere mayor sindéresis. Aunque para los amigos de la paz, las organizaciones sociales y populares, cada vez la profundidad de los temas en debate y los acuerdos van a depender del nivel de la movilización y de la acción de masas.
En este sentido, los ojos están puestos en la marcha del 9 de abril, que debe reeditar la marcha del silencio de Jorge Eliécer Gaitán, en febrero de 1948, como también producir una oración para el momento, leída a varias voces en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Esta marcha tiene sentido si reclama mayor compromiso con los diálogos de La Habana, más soluciones sociales a las demandas de los trabajadores y de los sectores populares y si plantea la unidad de la izquierda, de las fuerzas sociales y promotoras de la paz con democracia y justicia social. Tendrán que convertirse en las protagonistas de primera línea de los cambios avanzados en Colombia.
Fuente Semanario VOZ
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