Dos años del Gobierno de Santos.- Un balance desolador

*La “prosperidad democrática” anunciada por Santos, hace dos años, es una quimera

*Hernando López

El próximo siete de agosto, cuando se celebra el acontecimiento histórico de la Batalla de Boyacá y de la total primera independencia del yugo colonialista español, se cumple la primera mitad del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos Calderón. Mientras el mandatario, con el apoyo de la “unidad nacional” que controla el 94 por ciento del Congreso de la República, prepara las condiciones para la reelección en 2014, los expertos y analistas realizan los balances de los dos primeros años que arrojan conclusiones desfavorables a la actual administración.

El Gobierno Nacional da sus propias versiones. Para el presidente Santos, su Gobierno tiene muy claro el puerto de destino, llamado prosperidad para todos, sustentado en tres grandes objetivos: Más empleo, menos pobreza, más seguridad. Así lo explicó el pasado 20 de julio en el discurso de instalación de las sesiones ordinarias del Senado y la Cámara de Representantes. Aunque no logró demostrar cuánto se ha acercado el país en el logro de estas metas.

El ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, más cauteloso a la hora del balance, dijo en entrevista con Yamid Amad, el pasado domingo 29 de julio, que por fin “vamos a destrabar el Estado para iniciar una gigantesca inversión”. Echeverry acepta de manera tácita, que los dos primeros años no tienen grandes ejecuciones, porque “vamos a pasar del primer tiempo, en el que se hicieron los cambios fundamentales, formales, legales y constitucionales, al segundo tiempo del Gobierno Santos, que será el del funcionamiento del Estado”. Para el ministro, las grandes inversiones no se han podido ejecutar porque la burocracia y los controles no lo han permitido. La responsabilidad, entonces, para Echeverry, es de los alcaldes y los gobernadores y de quienes tienen temor de entregar los dineros que reposan en el Banco de la República.

Pero el Gobierno Nacional, lo han repetido en estos días el Presidente y el Ministro de Hacienda, cree tener bajo control la economía. No hay peligro de desaceleración a la vista, aseguran con demasiado optimismo. “La industria y la agricultura han tenido señales débiles, pero son el 20 por ciento de la economía”, dice con tranquilidad  el ministro Echeverry, como si estos dos sectores no fueran clave para el desarrollo económico. Precisamente, en los últimos días, tanto el presidente de la SAC, Rafael Mejía, como el presidente de la ANDI, Luis Carlos Villegas, han declarado su insatisfacción con el rumbo de la economía. Para Villegas, casi que “el país va bien, pero la economía mal”, como a veces lo explican los mandatarios burgueses, como si política y economía no fueran de la mano.

Los ríos de leche y miel

Lo cierto es que los ríos de leche y miel, prometidos por Santos, el siete de agosto de 2010, no aparecen por ninguna parte. Inclusive, cuando el país va a ritmo acelerado hacia una crisis energética y de agua, en los próximos meses, aún el Gobierno no ha sido claro sobre esta emergencia real que viene en camino, como tampoco se están adoptando las medidas para enfrentarla.

El Gobierno dice que ahora sí llegará el plan de inversiones, los grandes desafíos y la “prosperidad para todos”, como si la primera mitad de la gestión, le hubiera correspondido a otro mandatario distinto al actual. Son los galimatías en el discurso del presidente Santos y por ende de los funcionarios oficiales.

Hay ministros que ni siquiera se sienten en el panorama nacional y en los asuntos propios de su cartera; son ilustres desconocidos en la gestión gubernamental. Como también no se pronuncian las centrales obreras, que atraviesan una especie de “patria boba sindical”, porque la CGT está entregada al Gobierno Nacional y respalda a la “unidad nacional” y la CUT, inmersa en una profunda crisis, pareciera no tener presidente y mucho menos políticas para pronunciarse de la realidad nacional.

El Gobierno de Santos trata de maquillar las cifras de la macroeconomía. Mostrando una realidad social que no es la que existe en el país, como lo aseguran economistas y analistas no oficialistas. Con toda seguridad la economía no crecerá al ritmo que lo pronosticó el Gobierno Nacional, ya habla de una cifra entre el 4 y el 4.5 por ciento, lejana de las economías más consolidadas en la región, aunque es un crecimiento que beneficia a los sectores privilegiados, en primer lugar al sector financiero que se lucra de la usura y de los dineros de los ahorradores y cuentahabientes.

Crece la brecha social

El Gobierno Nacional, con las medidas plutocráticas de protección a los ricos y a los inversionistas, profundiza más la brecha entre ricos y pobres. Colombia sigue siendo un país con alto índice de pobreza, más del declarado 31 por ciento en las cifras oficiales, como no ha logrado abandonar el deshonroso tercer lugar entre los países más desiguales del planeta.

El desempleo, disminuido en los guarismos estadísticos del Gobierno, de todas maneras no deja de ser un dolor de cabeza puesto que el primer renglón de empleo es la “informalidad”, a la hora de la verdad un empleo disfrazado, que hoy es y mañana no lo es, como lo demuestra la historia. En la informalidad o empleo disfrazado están más de la mitad de los colombianos considerados como parte de la fuerza laboral activa.

En salud y educación no logra superarse la crisis, pues el interés del Gobierno Nacional no es resolver el problema de la mayor cobertura, sino de fortalecer las políticas privatizadoras, heredadas de sus predecesores en el proceso de acumulación del capital sobre la base de la economía de libre mercado. Y en materia de las locomotoras de Santos, apenas arrancó la minero- energética, paradigma de la “confianza inversionista” para que las transnacionales hagan su agosto con los recursos naturales del país. La de vivienda está anunciada con 100 mil construcciones gratuitas, que nadie sabe cómo se va a financiar, aunque si se conoce que será el regalo a los constructores en primer lugar al magnate Luis Carlos Sarmiento Angulo. Y ni hablar de las vías de comunicación, porque ni siquiera han sido capaces de culminar las construcciones iniciadas en el anterior Gobierno, en medio de contratos leoninos y a todas luces corruptos. Hasta los Nule, hoy en la cárcel por los contratos de Bogotá, tuvieron su pedazo en la torta de la contratación uribista.

A espaldas de las comunidades

En los dos primeros años fueron adoptadas, por iniciativa del ejecutivo, algunas leyes y enmiendas constitucionales, todas espaldas de las comunidades interesadas, Ley de víctimas y de restitución de tierras sin consultar a las víctimas y a los campesinos; reglamentaciones a la salud privada sin consultar con médicos y trabajadores del sector; ley de educación sin consultar a estudiantes y a la comunidad universitaria, que fue retirada por las enormes movilizaciones lideradas por la Mane. Como otras que pasaron sin pena ni gloria y no se conocen cuáles son sus beneficios para el país y los trabajadores.

Una de las más negativas es la “sostenibilidad fiscal”. Aprobada como reforma a la Constitución Política y que según lo explicó el Gobierno,  busca ajustar el gasto del Estado a las condiciones de la economía. Es una especie de contrarreforma que convierte en nugatorios los derechos fundamentales, porque todo gasto que involucre al Estado en una condena judicial debe tener el recurso para asumirlo, de lo contrario es inviable. La sostenibilidad fiscal se lleva por delante las decisiones de la vía contencioso administrativa y hasta le quita los dientes a los fallos de tutela de los jueces y de la Corte Constitucional.

La llave de la paz

En materia de paz, el presidente Santos no escucha los clamores de diálogo y solución política del conflicto de las comunidades. En el Cauca y en el sur del país, donde campesinos e indígenas se han enfrentado a la presencia militar y a la creación de teatros de guerra en las  poblaciones, la única respuesta ha sido la mayor militarización y la represión a la protesta popular legítima. Aunque Santos insiste en que tiene en la mano la llave de la paz y los rumores de conversaciones secretas con la insurgencia son muy fuertes, Santos privilegia la vía militar y cede ante las presiones de la ultraderecha de Uribe Vélez y sus amigos. El llamado marco jurídico para la paz es simplemente una propuesta de desmovilización a los guerrilleros, que convierte en inviable los diálogos de paz que deben apuntar a soluciones concretas políticas, sociales y económicas de las causas del conflicto.

La “prosperidad democrática” es una simple quimera dijo un analista en estos días del balance de los dos primeros años del Gobierno de Juan Manuel Santos. Aunque lo más positivo es que se disparó el auge de la lucha popular, de la resistencia civil a las medidas lesivas gubernamentales.