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| Pedro Oliverio Guerrero Castillo, conocido con el alias de ‘Cuchillo’ |
La manera cómo fue tratada la noticia de la muerte de Pedro Oliverio Guerrero Castillo, conocido con el alias de ‘Cuchillo’, ocurrida el 25 de diciembre de 2010 en las selvas del departamento del Meta, revela un tratamiento asimétrico en relación con hechos similares que involucran a jefes guerrilleros.
Ese tratamiento asimétrico lo constata el hecho de que ni las autoridades, que son la fuente inicial de información, ni los medios periodísticos, exhibieron el cuerpo de alias ‘Cuchillo’, tal como sí lo han hecho con los jefes guerrilleros abatidos en los últimos años. ¿Pero, por qué no se exhiben?
Ese tratamiento asimétrico lo constata el hecho de que ni las autoridades, que son la fuente inicial de información, ni los medios periodísticos, exhibieron el cuerpo de alias ‘Cuchillo’, tal como sí lo han hecho con los jefes guerrilleros abatidos en los últimos años. ¿Pero, por qué no se exhiben?
No obstante, ser calificado por el presidente Juan Manuel Santos como “asesino de asesinos”, lo que le da un “estatus” criminal importante, y haber sido perseguido durante varios años por las autoridades, el cuerpo sin vida de alias ‘Cuchillo’ no fue expuesto públicamente a través de filmaciones y fotografías que realizan los cuerpos de seguridad estatales y que luego son difundidos por medios periodísticos locales, regionales, nacionales e internacionales.
Además, las notas de prensa fueron escuetas y siguieron un ritual al que ya nos tienen acostumbrados las fuentes oficiales y los medios de información: exceso de entrevistas a los oficiales responsables de la operación y un conjunto de imágenes en blanco y negro tomadas por las cámaras de las aeronaves mostrando un conjunto de casas de la finca La Chamuscada.
La cobertura de este hecho careció de entrevistas con familiares de víctimas de la organización liderada por alias ‘Cuchillo’; tampoco hubo análisis serios de su manera criminal de proceder ni de las razones reales por la que no quiso desmovilizarse, ni mucho menos de sus alianzas con sectores ilegales del suroriente del país, quienes deberían responder por las más de 2 mil muertes que habría ordenado este paramilitar, pues en ellas se invirtieron sus recursos y fueron el resultado de gestiones de unos y otros.
Un detalle que llama la atención es que tan sólo cinco días después de su muerte, el Instituto de Medicina Legal anunció que el cuerpo le fue entregado a su madre en Bogotá. Todo bajo el mayor sigilo y respeto. La rapidez en este caso contrasta con la vivida por la familia de alias ‘el Mono Jojoy’, en el que, tres meses después, un juez determinó que el sitio de entierro debía ser Bogotá y no el lugar donde sus parientes deseaban.
El manejo dado a la muerte de ‘Cuchillo’ me causa curiosidad. Debo aclarar que no me embarga un sentido morboso ni una inclinación perversa por las imágenes sobre la muerte de este tipo de criminales. Lo que me asalta es una profunda duda por el tratamiento diferenciado que le dan a estos hechos tanto los funcionarios de Gobierno, incluidos los altos mandos policiales y militares, y los medios de información, sobre todo los televisivos.
El tratamiento informativo sobre la muerte de alias ‘Cuchillo’ fue respetuoso si se compara con los casos de los jefes guerrilleros Luis Edgar Devia Silva, alias ‘Raúl Reyes’, y de Víctor Julio Suárez Rojas, alias ‘el Mono Jojoy’, quienes fueron expuestos sin ningún pudor ni respeto en las emisiones de los noticieros y en las portadas de periódicos, revistas e Internet. Una vez abatidos, sus cuerpos fueron exhibidos como trofeos de batalla por la Fuerza Pública. El de alias ‘Cuchillo’ no.
Se podrá argumentar que alias ‘Cuchillo’ no se equipara a los jefes guerrilleros, pero no es así. Su trayectoria criminal es tan cruel y prolongada como la de los comandantes insurgentes. No obstante, las autoridades tienen otros criterios, que de alguna manera se imponen en los enfoques periodísticos. En ese sentido, las cabezas de los guerrilleros valen más que las de los jefes paramilitares insertados en las llamadas bandas criminales. De ahí el tratamiento asimétrico, que, de un lado, consiste en reforzar la imagen de las guerrillas de las Farc y el ELN como “enemigo único” y perpetuar la persecución de aquellos que son acusados, en ocasiones falsamente, de estar muy cerca de ellos. Y, de otro, en matizar de alguna manera lo realizado por este tipo de contrainsurgentes, quienes se articularon a la Fuerza Pública en esa lucha en diversas regiones del país.
Ese tratamiento asimétrico es consecuente en el tiempo. Prueba de ello es la manera cómo son tratados mediáticamente los fenómenos del secuestro y la desaparición forzada. Es indudable que los secuestros de las guerrillas pesan más en los imaginarios de la gente, gracias a los refuerzos constantes de las autoridades de hacerlos visibles, que la desaparición forzada, perpetrada en mayor medida por grupos paramilitares y sectores de la Fuerza Pública, cuya invisibilidad sorprende si se tiene en cuenta que, según investigaciones recientes, de ella son víctimas por lo menos 32 mil personas, lo que supera lo ocurrido durante las dictaduras de Chile y Argentina en la década del setenta, y obviamente también el número de plagios en las últimas décadas en el país.
¿Pero qué sentido tiene invocar un tratamiento simétrico en este tipo de casos? Yo encuentro por lo menos tres razones: la criminalidad no puede ser tratada de manera selectiva; la asimetría genera dudas en la transparencia de la Fuerza Pública y, en general, del Gobierno; y aún muertos, los criminales tienen derechos y no se les puede negar a unos y ofrecer a otros, como si fuera el resultado de premios y castigos.
Por ello espero que en el trato que reciban los cuerpos de aquellos jefes guerrilleros que aún andan en el monte y quienes, dada la efectividad de las Fuerzas Armadas, podrían caer muertos en combate, sea tan respetuoso como recibido por el de alias ‘Cuchillo’. Además, espero también que sea pronta la divulgación de la información encontrada en la finca La Chamuscada sobre los nexos de alias ‘Cuchillo’ con sectores de la Fuerza Pública, políticos y comerciantes del suroriente del país, tal como ocurrió con los datos hallados en los computadores extraídos del campamento donde murió ‘el Mono Jojoy’. Eso sería tratamiento simétrico, algo que hasta el momento no ha sido posible en este país.
(*) Periodista y docente universitario
Además, las notas de prensa fueron escuetas y siguieron un ritual al que ya nos tienen acostumbrados las fuentes oficiales y los medios de información: exceso de entrevistas a los oficiales responsables de la operación y un conjunto de imágenes en blanco y negro tomadas por las cámaras de las aeronaves mostrando un conjunto de casas de la finca La Chamuscada.
La cobertura de este hecho careció de entrevistas con familiares de víctimas de la organización liderada por alias ‘Cuchillo’; tampoco hubo análisis serios de su manera criminal de proceder ni de las razones reales por la que no quiso desmovilizarse, ni mucho menos de sus alianzas con sectores ilegales del suroriente del país, quienes deberían responder por las más de 2 mil muertes que habría ordenado este paramilitar, pues en ellas se invirtieron sus recursos y fueron el resultado de gestiones de unos y otros.
Un detalle que llama la atención es que tan sólo cinco días después de su muerte, el Instituto de Medicina Legal anunció que el cuerpo le fue entregado a su madre en Bogotá. Todo bajo el mayor sigilo y respeto. La rapidez en este caso contrasta con la vivida por la familia de alias ‘el Mono Jojoy’, en el que, tres meses después, un juez determinó que el sitio de entierro debía ser Bogotá y no el lugar donde sus parientes deseaban.
El manejo dado a la muerte de ‘Cuchillo’ me causa curiosidad. Debo aclarar que no me embarga un sentido morboso ni una inclinación perversa por las imágenes sobre la muerte de este tipo de criminales. Lo que me asalta es una profunda duda por el tratamiento diferenciado que le dan a estos hechos tanto los funcionarios de Gobierno, incluidos los altos mandos policiales y militares, y los medios de información, sobre todo los televisivos.
El tratamiento informativo sobre la muerte de alias ‘Cuchillo’ fue respetuoso si se compara con los casos de los jefes guerrilleros Luis Edgar Devia Silva, alias ‘Raúl Reyes’, y de Víctor Julio Suárez Rojas, alias ‘el Mono Jojoy’, quienes fueron expuestos sin ningún pudor ni respeto en las emisiones de los noticieros y en las portadas de periódicos, revistas e Internet. Una vez abatidos, sus cuerpos fueron exhibidos como trofeos de batalla por la Fuerza Pública. El de alias ‘Cuchillo’ no.
Se podrá argumentar que alias ‘Cuchillo’ no se equipara a los jefes guerrilleros, pero no es así. Su trayectoria criminal es tan cruel y prolongada como la de los comandantes insurgentes. No obstante, las autoridades tienen otros criterios, que de alguna manera se imponen en los enfoques periodísticos. En ese sentido, las cabezas de los guerrilleros valen más que las de los jefes paramilitares insertados en las llamadas bandas criminales. De ahí el tratamiento asimétrico, que, de un lado, consiste en reforzar la imagen de las guerrillas de las Farc y el ELN como “enemigo único” y perpetuar la persecución de aquellos que son acusados, en ocasiones falsamente, de estar muy cerca de ellos. Y, de otro, en matizar de alguna manera lo realizado por este tipo de contrainsurgentes, quienes se articularon a la Fuerza Pública en esa lucha en diversas regiones del país.
Ese tratamiento asimétrico es consecuente en el tiempo. Prueba de ello es la manera cómo son tratados mediáticamente los fenómenos del secuestro y la desaparición forzada. Es indudable que los secuestros de las guerrillas pesan más en los imaginarios de la gente, gracias a los refuerzos constantes de las autoridades de hacerlos visibles, que la desaparición forzada, perpetrada en mayor medida por grupos paramilitares y sectores de la Fuerza Pública, cuya invisibilidad sorprende si se tiene en cuenta que, según investigaciones recientes, de ella son víctimas por lo menos 32 mil personas, lo que supera lo ocurrido durante las dictaduras de Chile y Argentina en la década del setenta, y obviamente también el número de plagios en las últimas décadas en el país.
¿Pero qué sentido tiene invocar un tratamiento simétrico en este tipo de casos? Yo encuentro por lo menos tres razones: la criminalidad no puede ser tratada de manera selectiva; la asimetría genera dudas en la transparencia de la Fuerza Pública y, en general, del Gobierno; y aún muertos, los criminales tienen derechos y no se les puede negar a unos y ofrecer a otros, como si fuera el resultado de premios y castigos.
Por ello espero que en el trato que reciban los cuerpos de aquellos jefes guerrilleros que aún andan en el monte y quienes, dada la efectividad de las Fuerzas Armadas, podrían caer muertos en combate, sea tan respetuoso como recibido por el de alias ‘Cuchillo’. Además, espero también que sea pronta la divulgación de la información encontrada en la finca La Chamuscada sobre los nexos de alias ‘Cuchillo’ con sectores de la Fuerza Pública, políticos y comerciantes del suroriente del país, tal como ocurrió con los datos hallados en los computadores extraídos del campamento donde murió ‘el Mono Jojoy’. Eso sería tratamiento simétrico, algo que hasta el momento no ha sido posible en este país.
(*) Periodista y docente universitario
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