Las chuzadas del DAS,Uribe Vélez debe responder

*Las chuzadas y los seguimientos a la oposición y críticos del Gobierno es pan de cada día. La tecnología que utiliza el DAS en estos actos ilegales fue aportada por Gran Bretaña y Estados Unidos. El Gobierno ya no tiene límite en la indecencia

*Hernando López

En Colombia en los últimos años han ocurrido no uno sino varios escándalos de chuzadas a los teléfonos de dirigentes de la oposición, periodistas críticos del Gobierno, magistrados, jueces y fiscales que investigan la “parapolítica” y a amigos del presidente Álvaro Uribe Vélez, es decir, escándalos similares a los del famoso “watergate” en los Estados Unidos, que sólo uno, llevó a Richard Nixon, a la sazón presidente, a la renuncia ante la presión del Congreso de la República, los medios de comunicación y el repudio de la opinión pública.

En Colombia, a lo largo de los seis y pico de años de los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, con cuatro escándalos similares, el presidente sigue ahí, campante, en la “Casa de Nari” y hasta preparándose, si existe el chance, para el tercer mandato presidencial y la segunda reelección. Al tiempo, que de manera olímpica niega cualquier responsabilidad suya en el tremendo exabrupto de sus subalternos.

La revista Semana que está en circulación desde el domingo 22 de febrero pasado, despliega en un largo y sensacional informe, la denuncia exclusiva de nuevas chuzadas y abusivos seguimientos a los principales magistrados que investigan la “parapolítica”, dirigentes políticos de la oposición, periodistas críticos y aún a amigos del Gobierno y hasta funcionarios gubernamentales y parlamentarios uribistas. Es una grave denuncia, que involucra a la anterior directora, María del Pilar Hurtado, que se vio obligada a renunciar por una situación similar aunque no tan generalizada, y a las secciones de inteligencia y contrainteligencia al servicio de las mafias y de la cacería de brujas del Estado para perseguir a los opositores. Es ni más ni menos que establecer el delito de opinión y la represión a los opositores, por cuenta de la “seguridad democrática”, convertida en garrote para imponer “a sangre y fuego” la política uribista. Así lo reconocen diversos analistas políticos, entrevistados el fin de semana, que se declararon escandalizados por la arbitrariedad de este Gobierno, que ya no tiene límite en la indecencia.

Las explicaciones de siempre

Para el Gobierno Nacional esto no tiene mayor importancia. Según sus voceros, la responsabilidad es de unas mafias que aprovecharon sus contactos con algunos miembros del DAS, para obtener información a favor de los narcotraficantes, la guerrilla y el paramilitarismo. El presidente Uribe Vélez siempre tan locuaz, prefirió guardar silencio y apenas hizo las conocidas alusiones de que todo será investigado de manera rigurosa y que él no tiene nada que ver en el embrollo. Lo mismo dijeron el fiscal Mario Iguarán y otros funcionarios del Estado, con el coro de uno que otro congresista oficialista que se atrevió a dar la cara.

Pero la coartada no es tan contundente. ¿Cómo entender que las mafias estaban investigando al magistrado auxiliar Iván Velásquez, víctima en varias ocasiones de persecución oficial, quien tiene a cargo varias de las investigaciones de la “parapolítica” y de reconocidos amigos del presidente y del Gobierno? O al ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado César Julio Valencia, quien tiene un proceso judicial en la Comisión de Acusaciones de la Cámara con Uribe Vélez, a Francisco Ricaurte, ex presidente de la Corte, a Sigifredo Espinosa, presidente de la sala penal de la misma corporación y a la magistrada María del Rosario González, entre otros. ¿Cómo entender, también, que entre los chuzados estén Ramiro Bejarano, columnista crítico del Gobierno y abogado del magistrado Valencia, Gustavo Petro y Piedad Córdoba? ¿Será que sus conversaciones telefónicas son del interés de las mafias del narcotráfico, de la guerrilla o del paramilitarismo? O, más bien, del especial interés del Gobierno y de los inquilinos de la “Casa de Nari”, que están seriamente preocupados porque el sol se coloca a sus espaldas y crece la actividad de la oposición. Cada quien debe sacar sus propias conclusiones.

Un entramado criminal

A juicio de varios analistas y dirigentes de la oposición, con este asunto del DAS, ya recurrente, hay un entramado criminal, no solamente al servicio de las mafias del narcotráfico, sino una estrecha conexión con el alto Gobierno y con la política intolerante de acosar y hostilizar a los opositores. Pero, al mismo tiempo, no es un caso aislado del DAS, es una práctica de los organismos de inteligencia del Estado. Ninguno escapa a estos procedimientos, propio de regímenes totalitarios y de desprecio por las libertades democráticas en los que no se respetan ni la intimidad de los dirigentes de oposición. Durante todo el Gobierno de Uribe Vélez han sido una constante la hostilidad, los seguimientos, las chuzadas y la interceptación de correos electrónicos a la gente que no es afecta del Ejecutivo. Los casos frecuentes y recientes de Jaime Caycedo, Carlos Lozano y otros dirigentes del Partido Comunista, denunciados en su oportunidad, así lo demuestran. En esos actos ilegales han estado comprometidos distintos organismos de inteligencia. Lozano fue víctima, junto con una ex periodista de VOZ, de una sucia campaña, con base en montajes fotográficos grotescos que circularon por la red de internet en el país y en el exterior. Todo ello sin ningún obstáculo, nunca pasó nada, no hubo ninguna investigación, menos aún algún sancionado.

Escándalos idénticos hubo antes en la Policía Nacional y se “resolvieron” retirando doce oficiales, pero quienes dieron las órdenes en las alturas se atornillaron en sus cargos. Así pasó en los casos anteriores, denunciados en los medios de comunicación, que involucraron al DAS, cayeron mandos medios. Es lo mismo que está en camino porque ya le fue aceptada la renuncia al subdirector de Inteligencia del DAS, pero si el fiscal Iguarán fuera audaz y cumpliera con su responsabilidad de forma estricta, debería llegar a las mismas oficinas de la “Casa de Nari” en donde se deben guardar secretos de estas arbitrariedades y manejos siniestros. Uribe Vélez ha demostrado desprecio por las libertades públicas y los derechos constitucionales cuando se trata de adelantar la “estrategia antiterrorista”, ni siquiera respeta la soberanía nacional de los países vecinos.

Preocupa la reiteración de este tipo de situaciones en el DAS en los últimos seis años. La institución se convirtió en la policía política del régimen al servicio de la guerra sucia y de la criminalidad. El primer director del DAS del gobierno Uribe, Jorge Noguera, un “buen muchacho” como lo calificó en su momento el propio presidente, está en la cárcel por la presunta responsabilidad en crímenes del paramilitarismo contra sindicalistas. Es difícil resolver esto con una simple reestructuración. Las medidas deben ser más drásticas y de mayor calado.

Está comprobado que la tecnología para la inteligencia y contrainteligencia del DAS fue aportada por Gran Bretaña y otros países, incluyendo Estados Unidos. Ellos tendrán que pronunciarse, de lo contrario serán cómplices de la arbitrariedad por decir lo menos.