De conformidad con la denuncia pública formulada por la Fundación “Comité de solidaridad con los Presos Políticos”, los reclusos de la Cárcel Nacional “La Picota” de Bogotá se han declarado en estado de “desobediencia civil”, por lo siguiente:
HECHOS:
Primero. El día domingo 03 de abril del 2011, algunos de los guardias que se encontraban de turno, a la salida de la visita de mujeres de los patios 4 y 6, las obligaron a salir del establecimiento de manera apresurada y por medio de empujones lo que ocasionó que se generara un tumulto, cayendo varias de ellas al piso y golpeándose, sin conseguir ayuda alguna de los miembros de la guardia. Estos hechos se dan en el marco del constante mal trato que reciben las visitas y que en diferentes ocasiones ha sido denunciado por nuestra fundación.
Segundo. El Hacinamiento en el penal es alarmante y una manifestación de ello es que en la actualidad se encuentran durmiendo hasta 5 personas por celda, las cuales están adaptadas originalmente para 2 personas y los pasillos están con más de 179 personas durmiendo en condiciones de insalubridad.
Tercero. En lo que respecta al derecho de atención en salud, han sido persistentes las quejas contra las graves fallas que presenta el servicio por parte de CAPRECOM, que ha colocado en riesgo la vida y la salud de los reclusos debido a que los médicos formulan medicamentos que no sirven para nada; las citas para atención médica especializada es negada o dilatada sin justificación y, en el caso del contrato que anteriormente se tenía con el Instituto Nacional de Cancerología, este se cancelo sin consideración a que en la actualidad existen reclusos que padecen cáncer y otras enfermedades catastróficas y crónicas que demandan la atención oportuna y debida, por lo cual la salud de los internos se ve cada vez más deteriorada y en razón lo cual, han fallecido durante lo recorrido del presente año 3 internos por falta de atención médica.
Cuarto. En cuanto al tema de alimentación, ha sido reiterada la queja de los internos en relación con el gramaje y la calidad de la minuta alimenticia que se está suministrando, que no es la más adecuada a una dieta saludable, por cuanto presenta una carga excesiva de carbohidratos, baja en proteínas y verduras frescas, las que muchas veces se sirven en estado de descomposición.
Quinto. Los expendios de suministro de los patios permanecen vacíos y los presos no tienen acceso a la compra de implementos de primera necesidad, los cuales deberían ser suministrados por el INPEC como la entidad obligada a entregarlos y cuando hay posibilidad de acceso, estos se venden a precios de negocio.
Sexto. Los medicamentos que son entregados a los detenidos, muchas veces en forma tardía o por fuera de las indicaciones médicas, no son objeto de un control de calidad y muchas veces se entregan con fechas vencidas, poniendo en riesgo la vida y la salud de los internos.
Séptimo. En relación con el Programa de Educación y de Habilitación Ocupacional igualmente son reiteradas las quejas de los internos, por cuanto este no se acoge a las demandas de formación profesional o de los intereses de los reclusos que coadyuven, no solo a su resocialización, sino a la consecución de ingresos para su sostenimiento y el de sus familias. Igualmente, los programas de recreación, arte y cultura no responden a las necesidades psicosociales de los reclusos.
Octavo. En reiteradas oportunidades los internos, a través de los Comités Institucionales, le han solicitado al nuevo director del penal que haga presencia en los espacios de interlocución, para tratar con los reclusos la solución a la persistencia de la problemática que enfrenta el penal, pero lo evidente es la negligencia del citado funcionario en el trámite de las solicitudes que son enviadas a su despacho, sin que encuentren el debido tratamiento, la contestación oportuna y, sobre todo, la solución urgente de las peticiones relacionadas con los temas de salud, hacinamiento, clasificación y demás beneficios a que tienen derecho.
Por todo lo anterior y considerando la justeza de las reclamaciones elevadas por los reclusos en esta jornada de desobediencia civil,
EXIGIMOS:
1. A las Autoridades Penitenciarias y Carcelarias y al Gobierno Nacional, adoptar las medidas eficaces urgentes que sean necesarias para preservar la vida, la salud y la integridad personal de los detenidos en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de “La Picota” de Bogotá, de conformidad con el ordenamiento interno y las normas internacionales sobre los derechos de las personas privadas de la libertad.
2. A los entes de control como la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, ordenar las investigaciones a que haya lugar por los hechos que motivan la acción legítima de protesta de la población reclusa de la Cárcel Nacional “La Picota” de Bogotá, por tratarse de una sistemática y persistente violación a sus derechos humanos.
3. La apertura a un diálogo con los representantes de los Comités de Derechos Humanos, Salud y Educación por parte de la dirección del penal, a fin de encontrar soluciones efectivas y oportunas a sus justas reclamaciones.
4. La conformación de una MESA HUMANITARIA que con participación de las autoridades que intervienen en el Sistema Penitenciario y Carcelario de Colombia y organizaciones defensoras de derechos humanos, aborde el conocimiento y la solución de la problemática que enfrenta las personas privadas de la libertad en Colombia y los establecimientos donde se encuentran recluidas.
COMITÉ PERMANENTE POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS – CPDH
DIEGO ALEJANDRO MARTÌNEZ CASTILLO
Secretario Ejecutivo
Bogotá, D.C., 6 de abril de 2011
HECHOS:
Primero. El día domingo 03 de abril del 2011, algunos de los guardias que se encontraban de turno, a la salida de la visita de mujeres de los patios 4 y 6, las obligaron a salir del establecimiento de manera apresurada y por medio de empujones lo que ocasionó que se generara un tumulto, cayendo varias de ellas al piso y golpeándose, sin conseguir ayuda alguna de los miembros de la guardia. Estos hechos se dan en el marco del constante mal trato que reciben las visitas y que en diferentes ocasiones ha sido denunciado por nuestra fundación.
Segundo. El Hacinamiento en el penal es alarmante y una manifestación de ello es que en la actualidad se encuentran durmiendo hasta 5 personas por celda, las cuales están adaptadas originalmente para 2 personas y los pasillos están con más de 179 personas durmiendo en condiciones de insalubridad.
Tercero. En lo que respecta al derecho de atención en salud, han sido persistentes las quejas contra las graves fallas que presenta el servicio por parte de CAPRECOM, que ha colocado en riesgo la vida y la salud de los reclusos debido a que los médicos formulan medicamentos que no sirven para nada; las citas para atención médica especializada es negada o dilatada sin justificación y, en el caso del contrato que anteriormente se tenía con el Instituto Nacional de Cancerología, este se cancelo sin consideración a que en la actualidad existen reclusos que padecen cáncer y otras enfermedades catastróficas y crónicas que demandan la atención oportuna y debida, por lo cual la salud de los internos se ve cada vez más deteriorada y en razón lo cual, han fallecido durante lo recorrido del presente año 3 internos por falta de atención médica.
Cuarto. En cuanto al tema de alimentación, ha sido reiterada la queja de los internos en relación con el gramaje y la calidad de la minuta alimenticia que se está suministrando, que no es la más adecuada a una dieta saludable, por cuanto presenta una carga excesiva de carbohidratos, baja en proteínas y verduras frescas, las que muchas veces se sirven en estado de descomposición.
Quinto. Los expendios de suministro de los patios permanecen vacíos y los presos no tienen acceso a la compra de implementos de primera necesidad, los cuales deberían ser suministrados por el INPEC como la entidad obligada a entregarlos y cuando hay posibilidad de acceso, estos se venden a precios de negocio.
Sexto. Los medicamentos que son entregados a los detenidos, muchas veces en forma tardía o por fuera de las indicaciones médicas, no son objeto de un control de calidad y muchas veces se entregan con fechas vencidas, poniendo en riesgo la vida y la salud de los internos.
Séptimo. En relación con el Programa de Educación y de Habilitación Ocupacional igualmente son reiteradas las quejas de los internos, por cuanto este no se acoge a las demandas de formación profesional o de los intereses de los reclusos que coadyuven, no solo a su resocialización, sino a la consecución de ingresos para su sostenimiento y el de sus familias. Igualmente, los programas de recreación, arte y cultura no responden a las necesidades psicosociales de los reclusos.
Octavo. En reiteradas oportunidades los internos, a través de los Comités Institucionales, le han solicitado al nuevo director del penal que haga presencia en los espacios de interlocución, para tratar con los reclusos la solución a la persistencia de la problemática que enfrenta el penal, pero lo evidente es la negligencia del citado funcionario en el trámite de las solicitudes que son enviadas a su despacho, sin que encuentren el debido tratamiento, la contestación oportuna y, sobre todo, la solución urgente de las peticiones relacionadas con los temas de salud, hacinamiento, clasificación y demás beneficios a que tienen derecho.
Por todo lo anterior y considerando la justeza de las reclamaciones elevadas por los reclusos en esta jornada de desobediencia civil,
EXIGIMOS:
1. A las Autoridades Penitenciarias y Carcelarias y al Gobierno Nacional, adoptar las medidas eficaces urgentes que sean necesarias para preservar la vida, la salud y la integridad personal de los detenidos en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de “La Picota” de Bogotá, de conformidad con el ordenamiento interno y las normas internacionales sobre los derechos de las personas privadas de la libertad.
2. A los entes de control como la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, ordenar las investigaciones a que haya lugar por los hechos que motivan la acción legítima de protesta de la población reclusa de la Cárcel Nacional “La Picota” de Bogotá, por tratarse de una sistemática y persistente violación a sus derechos humanos.
3. La apertura a un diálogo con los representantes de los Comités de Derechos Humanos, Salud y Educación por parte de la dirección del penal, a fin de encontrar soluciones efectivas y oportunas a sus justas reclamaciones.
4. La conformación de una MESA HUMANITARIA que con participación de las autoridades que intervienen en el Sistema Penitenciario y Carcelario de Colombia y organizaciones defensoras de derechos humanos, aborde el conocimiento y la solución de la problemática que enfrenta las personas privadas de la libertad en Colombia y los establecimientos donde se encuentran recluidas.
COMITÉ PERMANENTE POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS – CPDH
DIEGO ALEJANDRO MARTÌNEZ CASTILLO
Secretario Ejecutivo
Bogotá, D.C., 6 de abril de 2011
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