El diálogo entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC-EP, en La Habana, se rige bajo el concepto de bilateralidad, en lo que respecta a la igualdad y a la obligación de las partes. “El Acuerdo General para ponerle fin al confl icto y construir una paz estable y duradera”, reconoce la existencia del conflicto y por ende asume las consecuencias de aceptar el Derecho Internacional Humanitario, el principio de distinción entre combatientes y no combatientes y las causas políticas, sociales, económicas e históricas del mismo.
Es evidente, entonces, la naturaleza política del conflicto y de la guerrilla, calificada por los militares de terrorista. Una forma de violar el Acuerdo General suscrito por los delegados del Gobierno a nombre del presidente Juan Manuel Santos. El mandatario a veces se “chispotea”. Casi que se le sale en alguna declaración reciente, después de los acontecimientos en que murieron varios uniformados en Arauca y Caquetá, en actos de guerra de la insurgencia. Comprensible por el dolor del presidente ante la tragedia de unos muchachos humildes, involucrados en una guerra que no les pertenece.
Es pertinente recordar la bilateralidad, porque el Gobierno Nacional exige “gestos de paz” a la contraparte pero no deja ver los suyos. Está sentado en La Habana, discutiendo la agenda política y social, pero en Colombia insiste en la política neoliberal y en la represión a las protestas sociales. Se niega a resolver viejos y nuevos problemas que aumentan la pobreza y la desigualdad. Es parte del ejercicio violento del poder, que acabó con la democracia. Y ocurre cuando en la mesa discuten el tema de la “Participación Política”, reducido en el enfoque gubernamental a las “garantías a la guerrilla para el accionar político sin armas”, pero bajo el mismo régimen de democracia restringida, de intolerancia y de ventajismo bipartidista.
Con frecuencia el presidente Santos y el doctor De la Calle Lombana, dicen que las FARC deben darles la cara a las víctimas, pero ni mu de la responsabilidad estatal. El paramilitarismo, que hizo famosa la motosierra para despedazar a las víctimas, apareció de la mano de políticos nacionales y regionales, pero sobre todo de la fuerza Pública que lo plantó en las regiones de mayor influencia de la izquierda. El Estado no ha pedido perdón a las víctimas como sostienen algunos ingenuos. Falta aún el compromiso de que hechos similares no volverán a ocurrir y eso no está claro con la actitud de saboteo a la paz por parte de la cúpula militar. En este sentido es demagogia barata incluir un vocero de las víctimas en la mesa.
Como también es absurdo que el Gobierno pretenda imponer un marco jurídico que no es resultado de un acuerdo bilateral en la Mesa de Diálogos.
carloslozanogui@etb.net.co
No hay comentarios:
Publicar un comentario