Los diálogos de La Habana, en medio de sus propios sobresaltos, están en el marco del nudo de las contradicciones entre el gobierno oligárquico y la lucha popular. La búsqueda de la paz y la decisión del Gobierno nacional y de la guerrilla de las FARC-EP de abrir un escenario de acuerdo en La Habana, Cuba, no establece ninguna tregua en la lucha de clases. El Gobierno del presidente Santos, de conformidad con los intereses que representa, y los trabajadores y sectores populares se enfrentan en el conflicto social, porque el primero apuntala el modelo de acumulación capitalista neoliberal y los segundos adelantan la resistencia y enfrentan la represión y el autoritarismo del régimen.
El ambiente de paz, los mecanismos de participación ciudadana en los diálogos, en particular los foros agrario y de participación política, así como las mesas regionales y centenares de propuestas de organizaciones sociales y gente del común, han despertado la conciencia de amplios sectores del país de la necesidad de luchar por sus derechos. Los temas sociales y políticos de la agenda sacaron a flote cualquier cantidad de problemas insatisfechos en las regiones y comunidades, más allá de la estrecha y mezquina interpretación gubernamental de la agenda, contenida en el Acuerdo General de La Habana.
Los recientes paros, movilizaciones y protestas en distintas regiones, sobre todo, el paro en la región del Catatumbo, están demostrando que la demagogia del gobierno de Santos no tiene atenuantes, porque por un lado abre la puerta de los diálogos con la insurgencia y, por el otro, continúa con las políticas de entrega del país al interés privado y de las transnacionales. Al mismo tiempo establece limitaciones en los alcances de la agenda de La Habana, en abierta protección del modelo económico de injusticia social, de la explotación por parte de las transnacionales de los recursos naturales, en especial de los minero-energéticos, de la propiedad terrateniente y latifundista y del gran capital, respaldado en la precariedad de la democracia y en el autoritarismo represivo.
Sin que la lucha social y popular esté en la cresta de la ola, es innegable que los sectores populares están dispuestos a la protesta social en defensa de sus intereses y por logros democráticos y de bienestar. El ambiente social es una olla de presión del conflicto social.
Es una lástima que la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), fundada en los postulados de una central clasista, esté en un letargo que la aleja de la lucha popular. Lamentables los recientes resultados de las elecciones del Comité Ejecutivo, cuyo escrutinio se demoró más de la cuenta y deja un tufillo de duda y de sospecha en el respeto a la democracia. Quedó la sensación de fraude. La CUT, entre otros vacíos, se niega a apoyar el proceso de paz, se marginó de la gigantesca movilización del 9 de abril y no participa en la lucha por la defensa de lo público, como en Bogotá, donde el alcalde Gustavo Petro es perseguido por la intolerancia reaccionaria. Está al margen de los conflictos sociales de estos días. Se cocina en su propia salsa de las disputas burocráticas por el pequeño poder. Una tarea de la izquierda es modificar la correlación de fuerzas en su dirección ejecutiva para reconstruir la central sobre las bases clasistas y populares.
El acuerdo parcial sobre el primer punto de la agenda de La Habana, contenida en el “Acuerdo General para ponerle fin al conflicto y el logro de una paz estable duradera”, que guía los diálogos de paz, desató una enorme expectativa en el país y en el exterior, porque se creía casi imposible que las dos partes pudieran llegar a acuerdos concretos sobre el tema del “Desarrollo agrario integral”, una de las causas primarias del largo conflicto colombiano. Aunque quedaron pendientes algunas “líneas rojas”, al decir de los delegados gubernamentales, o “cláusulas Frizer”, como las define la delegación de paz de las FARC, que serán retomadas antes del acuerdo final, en el marco del principio de que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”. Entre estos temas pendientes están cuestiones fundamentales que afectan al campo, como la concentración de la propiedad sobre la tierra y la extensión y número de las Zonas de Reserva Campesina, en la actualidad epicentro de las contradicciones con el régimen.
Sin embargo, llamó la atención que en medio del entusiasmo nacional e internacional, después de la visita a Colombia del vicepresidente estadounidense, míster Biden, el presidente Santos hubiera recibido en la Casa de Nariño, con bombos y platillos, a Henrique Capriles, ex candidato de la oposición en Venezuela, derrotado en las urnas, ahora cabeza visible de un proyecto desestabilizador y golpista contra el gobierno legítimo y constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, país acompañante de los diálogos de paz, y anunciara la intención de integrar a Colombia en el pacto militar agresivo de la OTAN, actos peligrosos e inadmisibles, además de inamistosos con los países garantes y acompañantes, que en el caso de América Latina promueven procesos autónomos, soberanos y propios, a favor de la democracia y la independencia de la férula imperial.
Estas manifestaciones erráticas, no improvisadas ni simples errores del presidente Santos, hombre calculador a la hora de las decisiones, le metieron ruido a la mesa y mayor desconfianza a la insurgencia, ya preocupada con las presiones de los tiempos fatales y las limitaciones a la agenda, concebida, más allá de lo concreto, con fundamentos políticos y filosóficos en el preámbulo y el contexto del “Acuerdo General”.
En medio de la alteración “santista” al desarrollo de la Mesa, se inició la discusión del segundo tema de la “participación política”, con la formulación de 10 propuestas de la delegación de paz de las FARC-EP, que contienen iniciativas concretas para fortalecer la participación política, reformas al Estado en pro de la democracia y lograr garantías concretas para la oposición y para la guerrilla, convertida esta en fuerza política, una vez se alcance el acuerdo de paz estable y duradera. En dirección a la refrendación de los acuerdos, prevista en el punto seis de la agenda, los voceros farianos propusieron la constitución de la Asamblea Nacional Constituyente.
De nuevo el presidente Juan Manuel Santos, con pocos argumentos, rechazó los 10 puntos y la Asamblea Nacional Constituyente, porque según su criterio están por fuera de la agenda y significan una inaceptable reforma del Estado. Salta de bulto el habitual pánico que la clase dominante tiene por la democracia, sin la cual será difícil allanar el camino a la paz.
Es la demostración de cuán difícil es lograr que la oligarquía colombiana, presionada por Washington y las fuerzas militaristas que se lucran con la guerra, tenga voluntad de cambio, factor que ha impedido a lo largo de seis décadas la conquista de la paz. Nada de lo fundamental, para aquella, hace parte de la agenda. Son los inamovibles de las “líneas rojas” de la delegación gubernamental.
Son razones para fortalecer desde la orilla democrática y popular la presión para que se profundice en el debate de La Habana, con la creación de un Frente amplio por la Paz, que promueva la defensa del diálogo y exija la disposición de llegar a un acuerdo definitivo en beneficio del país, que requiere de democracia y justicia social. Es evidente que una Asamblea Nacional Constituyente, con representación del país político y del país nacional, puede refrendar los acuerdos a que lleguen las partes y definir los disensos porque “nada está acordado hasta que todo esté acordado”. Es garantía para la paz estable y duradera.
El desafío para la izquierda y sectores democráticos es enorme. Es inaplazable la más amplia unidad, que vaya más allá del proceso electoral en marcha. Son importantes los contactos que se están adelantando, a partir de las propuestas de unidad y de las cartas que se han conocido en esta dirección porque animan el debate y lo sitúan en lo concreto, de la misma manera que las iniciativas, como las constituyentes regionales, territoriales y temáticas de Marcha Patriótica, encaminadas a rodear de apoyo la Mesa de La Habana, a promover la movilización social y la formulación de propuestas que enriquecen el debate nacional.
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