Los candidatos de la Unión Patriótica, Aída Avella (presidencia), Lilia Solano (Parlamento Andino), Rosmery Londoño Gil (101), Edusmildo Ríos Alvarado (103) y Joselito Sánchez Cárdenas (102) -candidatos a la cámara de representantes por el Caquetá- y Carlos Lozano, candidato al Senado por la alianza Partido Verde –UP, se reunieron en Florencia, Caquetá para debatir sus propuestas y escuchar diversas iniciativas ciudadanas.
“La UP representa la gran caminata de los movimientos sociales. Hoy nos reunimos acá para apoyar a los candidatos del pueblo que nos representan para ayudar a solucionar nuestras necesidades”, declaró entusiasmado un caqueteño presente en el encuentro.
Un legado de paz y justicia
Carlos Lozano declaró que es responsabilidad de quienes aspiran a obtener un cargo de elección popular, dejar un legado de política integral para las próximas generaciones, demostrando que es posible ejercer un cargo público para servir al pueblo. También hizo un llamado para que los jóvenes mantengan la cabeza en alto, con ideas y propuestas, para que sigan adelante en la defensa de sus derechos y desde la acción democrática y política se preparen para dirigir el futuro de la nación representando con hidalguía y transparencia a sus comunidades.
La unidad no es un capricho, es una necesidad vital que se construye a partir de acuerdos saludables y de la sintonía de miradas, saberes y propuestas. “El Frente Amplio por la Paz es para todos aquellos que piensen que la paz es un bien público que debe construirse a partir de la transformación social y política. La paz no es un patrimonio es un derecho colectivo,” puntualizó Lozano
El candidato a la Cámara, Edusmildo Ríos Alvarado, hizo un llamado para que el pueblo colombiano apoye nuevos liderazgos y permita que otra clase llegue al poder. “Los dirigentes actuales, la clase negligente que nos ha gobernado durante décadas, vende nuestro país a mercenarios extranjeros y se hacen llamar héroes de la patria. Esto debe cambiar”. Asimismo hizo un llamado a la preservación de los recursos naturales, a la lucha por la soberanía popular y a la reflexión sobre el país que queremos y debemos legar a las futuras generaciones.
Hace falta perspectiva de género en las prisiones
Lilia Solano advirtió sobre la situación de las cárceles colombianas y la justicia utilizada como instrumento político con el fin de acallar a la oposición. Los centros de reclusión en Colombia se caracterizan por el hacinamiento de los presos, por la violación de los derechos humanos y por la falta de garantías judiciales a miles de ciudadanos injustamente detenidos.
“Luchamos para mejorar las condiciones de vida en la cárcel, nuestros presos políticos son víctimas de falsos positivos judiciales, no hay pruebas que constituyan delitos, viven a la espera de que se les garantice el debido proceso, a que cesen las maniobras de dilatación en las audiencias y a que por fin se les reconozcan sus derechos y puedan recibir su libertad”.
El Estado colombiano no ha cumplido con su deber de eliminar la discriminación contra la mujer. Y este hecho se advierte con especial rigor al interior de los centros de reclusión donde la violación a los derechos sexuales, reproductivos, humanos y ciudadanos constituyen hoy una verdadera crisis humanitaria.
La ausencia de una perspectiva de género en las políticas penitenciarias impiden se tenga en consideración las condiciones y necesidades de las mujeres. En la mayoría de cárceles no existen garantías de partos y embarazos seguros, no hay atención médica permanente, servicios ginecológicos, asistencia pediátrica para sus hijos; las mujeres son discriminadas por su orientación sexual, y el hacinamiento y la insalubridad ponen en riesgo tanto sus vidas como la de sus hijos.
La situación es tan compleja que no basta con que el Estado se proponga privatizar su manejo, construir más cárceles o reformar el Código Penitenciario. La misma Corte Constitucional ha instado al gobierno a superar el estado de cosas inconstitucional. “Las cárceles colombianas se caracterizan por el hacinamiento, las graves deficiencias en materia de servicios públicos y asistenciales, el imperio de la violencia, la extorsión y la corrupción, y la carencia de oportunidades y medios para la resocialización de los reclusos. Esta situación se ajusta plenamente a la definición del estado de cosas inconstitucional. Y de allí se deduce una flagrante violación de un abanico de derechos fundamentales de los internos en los centros penitenciarios colombianos, tales como la dignidad, la vida e integridad personal, los derechos a la familia, a la salud, al trabajo y a la presunción de inocencia, etc…”. (Reed, Michael, 2011).
“Las mujeres que se encuentran privadas de la libertad en la cárceles viven en condiciones de indignidad, están hacinadas y por ello no pueden tener a sus hijos con ellas. Una mujer que tiene hijos no debe estar en la cárcel, debe estar en su casa con ellos”, afirmó Solano.
La Paz se construye con educación
Asegurar un acceso a la educación no sólo se refiere a la posibilidad de construir una nación genuinamente autónoma, soberana, libre y democrática y con opciones de paz, también se trata de ofrecer garantías de estudio de calidad para nuestros hijos y de trabajo digno para los maestros. Para la candidata a la Cámara por el Caquetá, Rosmery Londoño Gil, es urgente una reforma a la Ley de educación, pero una reforma que responda a las nuevas dinámicas sociales, económicas y culturales nacionales, y que considere los desafíos tecnológicos, las realidades demográficas y la realidad del país.
Colombia necesita reformas eficaces para garantizar derechos ciudadanos y constitucionales; derechos que son fundamentales para garantizar un país con posibilidades de realizar una paz exitosa con justicia y equidad. “Debemos buscar los mecanismos para tumbar la ley 100 que tanto daño ha hecho al sistema de salud en Colombia, igualmente la ley 30 de educación que es una vergüenza y representa un grave retroceso democrático para el país”. Hace falta mayor inversión, cobertura, estímulo a la investigación, democratización en el acceso y autonomía universitaria.
La candidata también se refirió a la necesidad de encausar el inconformismo de las mayorías para que se expresen de manera libre en las urnas y respalden a aquellos candidatos que más que proponer paz y transformaciones, cuenten con la coherencia, la trayectoria y la suficiente ética e independiente para realizar esas transformaciones en beneficio de las mayorías nacionales. “La rebeldía y la movilización ciudadana deben pronunciarse en las urnas haciendo un voto consciente”.
Para finalizar su intervención, la candidata rechazó las amenazas hechas por el grupo (paramilitar) las ‘águilas negras ‘contra candidatos de la UP, miembros de la Marcha Patriótica y organizaciones de Derechos humanos de San Vicente del Caguan, Caqueta.
En días pasados circuló una carta, firmada por la facción ‘Guerreros del Yari’ en la que declaran “objetivo militar” al alcalde de San Vicente, Domingo Pérez, a los candidatos de la Unión Patriótica, decenas de ciudadanos y miembros de la Marcha Patriótica, y les dan un plazo de 48 horas para abandonar el municipio.
“Todos ustedes han sido declarados objetivo a muerte, no estamos jugando, todo esto lo hacemos con el fin de salvar al pueblo del comunismo, de la Marcha Patriótica y de los guerrilleros que operan clandestinamente dentro de San Vicente del Caguán”, dice la carta.
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