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| Pese a las contradicciones en las alturas del poder, los Acuerdos de La Habana serán suscritos en Cartagena el 26 de septiembre próximo. |
Comienza la historia del fin del conflicto armado en Colombia. El país debe transitar hacia un nuevo estadio político y social democrático, y de mejores condiciones de vida para los colombianos. En definitiva –y en lo concreto- deben desaparecer las causas del conflicto.
Desde las 00,00 horas del lunes 29 de agosto de 2016 comenzó el cese bilateral y definitivo de fuegos, ordenado a sus tropas por el presidente Juan Manuel Santos Calderón y el comandante de las FARC-EP, Timoleón Jiménez, en ese orden, en cumplimiento de lo pactado en el Acuerdo Final de La Habana, anunciado y suscrito el miércoles 24 de agosto pasado por Humberto de la Calle Lombana e Iván Márquez, jefes de las delegaciones de paz del Gobierno Nacional y de las FARC-EP.
La decisión de ponerle punto final y de forma definitiva a las hostilidades y a la confrontación armada se recibió con júbilo en el país y en el exterior. Parecía increíble que el Gobierno colombiano, en representación del Estado, y la guerrilla de las FARC-EP, que durante casi seis décadas se enfrentaron a muerte en el campo de batalla, llegaran a este acuerdo. El fracaso de la vía militar y la imposibilidad de la victoria por alguna de las dos partes le abrió el camino al proceso político de solución pacífica y democrática.
Al final no hubo vencedores ni vencidos. Es una paz digna para el Estado y digna para la guerrilla. Ambos tuvieron que ceder a la hora de la verdad, en el entendido de que ninguna de las partes estaba sentada en la mesa en la condición de vencida o rendida. Dialogaron en pie de igualdad y las decisiones se tomaron por consenso. No hubo imposiciones sino concertación creadora en pro de la causa humanista de la paz estable y duradera.
La pregunta del plebiscito
El jueves 25 de agosto el presidente Santos les entregó a los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, Mauricio Lizcano Arango y Miguel Ángel Pinto, el texto completo del Acuerdo Final de La Habana y la solicitud de autorización para convocar el plebiscito. Ambas cámaras lo decidieron de manera favorable en las sesiones respectivas del lunes 29 de agosto, con las siguientes votaciones: en el senado 71 votos a favor y 21 en contra; en la Cámara 127 votos a favor y 15 en contra. Con la aplastante decisión que rechazó el llamado a la guerra de la extrema derecha uribista, el Congreso de la República avaló la convocatoria del plebiscito para el 2 de octubre como lo anunció el Presidente de la República.
El martes 30 de agosto, la Casa de Nariño reveló el texto de la pregunta que se someterá al escrutinio de los colombianos: “¿Apoya usted el acuerdo final para terminar el conflicto y construir una paz estable y duradera?”. Así se cumple lo dispuesto por la sentencia, también favorable, de la Corte Constitucional, de que la pregunta debe ser concreta, precisa y sin ningún tipo de inducción al elector. Cabe recordar que el texto del acuerdo es el mismo de la pregunta en el voto y por ende es el interrogante directo que se les hace a los ciudadanos para que voten sí o no.
Una nueva historia
En Colombia comienza la historia del fin del conflicto armado en la cual el país debe transitar hacia un nuevo estadio político y social democrático y de mejores condiciones de vida. En definitiva –y en lo concreto- deben desaparecer las causas del conflicto, entre ellas las restricciones democráticas y el modelo económico que impide un buen vivir.
Por ahora la atención está en el plebiscito del 2 de octubre. Se enfrentan los defensores del acuerdo y los detractores agrupados en la extrema derecha liderada por Álvaro Uribe Vélez y el procurador Alejandro Ordóñez. Al margen, sin aparente decisión, pero más a la extrema derecha, el vicepresidente Germán Vargas Lleras y el fiscal Néstor Humberto Martínez no se la juegan por el mejor futuro para Colombia. Vargas Lleras guarda silencio y Martínez asume actos de torpedeo a la paz.
La izquierda, los sectores democráticos y los movimientos sociales, han agrupado a las diversas plataformas de paz y adelantan una campaña, que ya tomó impulso y comienza a extenderse por el país. Es coincidente con la campaña oficial, pero sin confundirse, pues el presidente Santos y su gobierno están interpelados por las fuerzas democráticas debido a la política neoliberal, la incuria frente a las demandas de los sectores populares y de las comunidades, y por la represión que se ejerce contra las movilizaciones y las protestas del pueblo. Juntos pero no revueltos.
Pedagogía de paz
El Gobierno debe ser coherente. Si firmó el Acuerdo de La Habana para ponerle fin al conflicto armado, con mayor razón debe tener el mismo trato con el conflicto social que sacude al país por las necesidades de la gente del común. La paz social es fundamental para la paz estable y duradera. Son elementos que deberán tenerse en cuenta a la hora de implementar los acuerdos de La Habana y de someter a consideración del Congreso las reformas políticas y sociales.
La etapa del posacuerdo despunta en medio de la campaña del plebiscito y de contradicciones en las posiciones gubernamentales. Para ciertos funcionarios parece un trago amargo. Sumado al nefasto papel de ciertos medios privados de radio y televisión, aquellos de propiedad de los poderosos grupos económicos. Se representan a sí mismos y defienden sus oscuros intereses capitalistas alejados de cualquier consideración humana.
El Gobierno y el establecimiento deben hacer su propia pedagogía de la paz. Asumir un nuevo lenguaje, propio de una etapa que implica reconciliación y abandono de toda violencia desde las alturas del poder. Debe deponer el ánimo revanchista y de venganza. El presidente y los ministros que acaban de comprometerse con el tratado de paz no cejan en los insultos contra los insurgentes. Los descalifican y desde ya auguran que no lograrán votos ni respaldo popular. “Esos” no tienen futuro, dicen en sus peroratas. Y sueñan todavía verlos con piyamas negras y a rayas tras las rejas, mientras cubren de impunidad los crímenes y la guerra sucia que auspiciaron desde el poder político y económico y desde el Estado contra la izquierda y las organizaciones sociales.
Los militares
Preocupa la conducta de los mandos militares. Se sabe que hay algunos que se oponen al acuerdo. “Son los chafarotes”, como los identificó un alto oficial del Ejército en conversación con el autor de este artículo. No hay unidad, aunque todos hablan con odio del “enemigo” y reclaman la victoria porque “los guerrilleros llegaron derrotados a la mesa de diálogo”. Con el lenguaje triunfalista y la prédica de los “héroes victoriosos” se proclaman “guardia pretoriana” para vigilar el cumplimiento estricto de los acuerdos.
Los altos oficiales contrastan en sus declaraciones: unos defienden los acuerdos de paz, aunque todos le atribuyen el éxito a la victoria de las Fuerzas Militares. Hasta se entiende porque al fin y al cabo quieren su institución aun al precio de soslayar la responsabilidad en la violencia en Colombia, la connivencia con el paramilitarismo y los actos violatorios de los derechos humanos que no comprometen a pocos uniformados (“casos aislados”) sino a miles de ellos encausados por la Justicia ordinaria. Tiene que ver con la doctrina anticomunista que rige a los militares bajo el rigor de la seguridad nacional y, a la vez, inspira sus planes estratégicos, incluyendo los más recientes para el “posconflicto”.
Llamó la atención por la beligerancia el reportaje de la periodista María Isabel Rueda al comandante del Ejército general Alberto José Mejía, quien se dejó llevar por la entrevistadora, laureanista y ultraderechista, que le hizo decir lo que ella quería escuchar. Hablando de los planes militares dijo: “Esta doctrina es diferente a lo que hablan los partidos. Todos creen que la doctrina es un tema político e ideológico, entre el comunismo y el capitalismo, y no tiene nada que ver con eso. La doctrina es de lo militar. Sobre cómo se emplea el poder de combate. Es para la guerra”. Para un buen entendedor pocas palabras bastan.
A pesar de las contradicciones en las alturas del poder, los acuerdos se abren paso y en las próximas semanas los mismos serán suscritos en Cartagena de Indias, el 26 de septiembre próximo, así trinen de la rabia los enemigos de la paz que desean la continuidad de la violencia y de la guerra. Con el sí crece la audiencia.
Semanario VOZ
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