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| Gobierno nacional y las FARC-EP presentaron el pasado 5 de agosto de 2016 en La Habana los protocolos del acuerdo sobre cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de armas. Foto Omar Nieto Remolino / Oficina del Alto Comisionado para la Paz. |
El Gobierno Nacional debe cumplir todos los compromisos asumidos en la mesa de La Habana en el estricto sentido de la bilateralidad de los acuerdos. No puede haber dilaciones ni vacilaciones.
En medio de contradicciones y de la aguda polarización entre los partidarios del sí y del no a la paz en el plebiscito que será convocado después que esté en firme el acuerdo final en La Habana, fue divulgado, en la capital cubana, el comunicado conjunto #83, suscrito por los jefes de las delegaciones del Gobierno de Juan Manuel Santos y de las FARC-EP, con el respaldo de los países garantes, sobre el acuerdo de los protocolos y anexos del “compromiso histórico” sobre “cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de las armas”, anunciado el pasado 23 de junio, garantía para su implementación. El anuncio y la firma fue el pasado viernes 5 de agosto.
Como lo dijeron Humberto de la Calle Lombana e Iván Márquez, es otro paso fundamental en dirección al fin del conflicto y a la firma del acuerdo definitivo. El jefe de la delegación de las FARC-EP dijo que “cada día la meta del acuerdo final se acerca más y más”, mientras que el de la delegación oficial expresó que es la muestra de que sí es posible superar la etapa de la guerra y refrendar los acuerdos con el sí en el plebiscito que será convocado.
Decisiones clave
Márquez hizo una síntesis de lo acordado:
“Los protocolos definen con precisión los compromisos bilaterales para la materialización en el terreno del ‘cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de las armas’, incluyendo las funciones del mecanismo de monitoreo y verificación y de la misión política no armada de naciones unidas que conforma su componente internacional, así como los aspectos relacionados con logística, abastecimiento, comunicaciones, transporte, etc., determinando en detalle el ámbito de actuación y el alcance del mencionado mecanismo, las responsabilidades de su componente internacional, como los criterios de transparencia, credibilidad y confianza para la ejecución del procedimiento.
Considerando la importancia fundamental que debe tener la población en la implementación del acuerdo logrado, el mecanismo en las zonas tendrá contacto directo con cada comunidad implicada, con las organizaciones sociales y políticas, y con la institucionalidad del Estado a nivel local, regional y nacional, para que de conjunto contribuyan en las actividades que se desplieguen, aportando información, ayudando en la difusión de los informes a la opinión pública y presentando propuestas y sugerencias.
Con esta misma visión, debemos precisar, que dentro de las zonas y puntos transitorios de normalización, se garantiza el funcionamiento de las autoridades civiles y el libre acceso de cualquier ciudadano y de los medios de comunicación, sin ninguna limitación, excepción hecha de los campamentos donde se encuentra el grueso de las unidades guerrilleras armadas. Y a propósito de los medios, importante sería su vinculación propositiva apoyando y alentando la conquista de la paz”.
Fueron decisiones clave que no dejan dudas de la voluntad de paz y de que las condiciones están dadas, de resolver los asuntos pendientes, para la firma del acuerdo final, aunque en medio del nerviosismo y hasta de la desconfianza entre las partes. Cada decisión debe ser muy precisa y evidente para las dos partes. La bilateralidad y el respeto de los acuerdos es garantía para que exista la confianza de que todo será acatado y respetado. No sirven la unilateralidad ni las interpretaciones acomodadas.
Lo dijo con claridad meridiana el comandante Iván Márquez: “Todo esto es posible, pero se requiere la seguridad jurídica y el desarrollo normativo de los acuerdos para que no queden como letra muerta o una vana ilusión que desemboque en el desengaño, como ha ocurrido con otros compromisos y en otros procesos. Porque de lo que se trata es de dejar sentadas las bases para darle paso a la acción del constituyente primario que es el pueblo”.
Cumplir acuerdos
Subsisten algunos desacuerdos que no son formales como algunos creen y consideran. Son de fondo y están en la esencia de la razón de ser de los diálogos de paz, como las garantías de la participación en la política y que el nuevo movimiento surgido de la paz cuente con el espacio para la actividad política y parlamentaria dignas; la amnistía a la que se comprometió el Gobierno y que es indispensable para la libertad de la acción política y social sin armas; y la hoja de ruta que asegure que se tomarán todas las providencias institucionales para el cumplimiento de lo pactado.
Lo explicó también Iván Márquez: “Qué duro resulta finiquitar un acuerdo para construir la paz. Unos la quieren gratis; otros intentan montar trampas jurídicas para impedir que los comandantes de la guerrilla participen en política; más allá otros quieren, a través de artimañas, acaparar, ellos solos, los recursos de la implementación y su destino; el presupuesto de 2017, por ejemplo, reduce la inversión social y pareciera no tener en cuenta los requerimientos de la paz; y también hay otros que apremian con los tiempos, pero niegan un gesto mínimo como aporte a la reconciliación de Colombia”.
Lo expresó sin tapujos el comandante Carlos Antonio Lozada en la rueda de prensa después de firmados los protocolos: “Sin amnistía no hay Acuerdo Final y sin este no hay traslado de los guerrilleros a las zonas de ubicación”. Más claro no canta un gallo, dice el refrán popular. Está claro que los acuerdos sin amnistía y sin hoja de ruta no tienen sentido, quedarán sin un norte para su implementación. El Gobierno Nacional debe cumplir todos los compromisos asumidos en la mesa de La Habana en el estricto sentido de la bilateralidad de los acuerdos; no puede haber dilaciones ni vacilaciones y mucho menos concesiones a los enemigos de la paz en las cuales patinan con frecuencia el presidente Santos y los principales voceros del Gobierno Nacional.
No genera confianza, por ejemplo, desestimar la inversión social en el presupuesto de 2017, indispensable para cumplir lo pactado en materia del desarrollo agrario y de otras satisfacciones sociales, o la adopción de la Doctrina Damasco en el Ejército con un plan de guerra para el “posconflicto”(?), así como el incumplimiento de los acuerdos con la Cumbre Agraria y con las organizaciones sindicales, que tiene abocado al país a un paro nacional en los próximos meses. Es evidente que el posacuerdo, en las nuevas condiciones democráticas, acelerará las contradicciones entre el capital y el trabajo e incrementará la movilización popular. Es la dinámica de la lucha de clases en confrontación social y popular con el neoliberalismo y la explotación del capital.
Lucha por el sí
La campaña por el plebiscito está en ebullición. Uribe recorre el país promoviendo el no, el regreso a la guerra, y con desesperación recibe el repudio de las masas populares como ocurrió en la Universidad del Norte y antes en importantes centros universitarios y en capitales como Tunja entre otras. Exhiben encuestas que no son confiables, mientras se conocen otras en que arrasa el sí por la paz y la democracia.
Decepciona el pronunciamiento del ELN y de algunos sectores aislados de la izquierda, que rechazan el plebiscito con argumentos falaces de que las “FARC hacen acuerdos que exculpan al Estado de la guerra sucia y el terrorismo” o que “capitulan ante el Gobierno”. Es una falta de respeto y terminan coincidiendo con la extrema derecha guerrerista y prepotente. El debate sobre el tema debe ser serio y no puede asumirse desde posiciones propias del izquierdismo pequeñoburgués. Lo anterior no es óbice para respaldar con toda la fuerza necesaria los diálogos del ELN y el Gobierno de Santos con base en la agenda acordada hace varios meses.
El camino de la solución política dialogada, está comprobado, es el único posible ante el fracaso de la vía militar. El Gobierno se equivoca cuando cree que la guerrilla se sienta en la mesa en las condiciones de vencida. Es un diálogo entre iguales y presidido por el férreo concepto de la bilateralidad en las decisiones. En La Habana nada ha sido impuesto, distinto al diálogo, conquista popular y democrática, golpe certero a los guerreristas que sueñan con la derrota militar de la insurgencia, nunca lograda.
Semanario Voz
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