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| Antonio Navarro, Álvaro Gómez y Horacio Serpa. presidentes de la Constituyente del 91. |
En 25 años de vigencia la Constitución Política de 1991 ha sufrido 41 modificaciones, algunas de ellas desvirtúan el espíritu democrático de origen, otros artículos son letra muerta debido a la reglamentación regresiva.
El 4 de julio de 1991, hace 25 años, fue promulgada la nueva Constitución Política de Colombia, caracterizada con demasiado optimismo como “Constitución de paz”, porque fue el resultado de los acuerdos para la desmovilización de la guerrilla del M-19. La Constituyente fue forzada por el pueblo colombiano a través de la llamada séptima papeleta. En cinco lustros de existencia la Carta Política ha tenido 41 reformas, algunas estructurales que desvirtúan el espíritu democrático de varias de sus normas y otras son letra muerta porque el Congreso de la República, de mayoría bipartidista tradicional, por la vía de la reglamentación las convirtió en nugatorias.
Hasta 1991 la Constitución Política vigente fue la de 1886, como quien dice duró 105 años, más de un siglo de existencia. Fue en la época de la llamada Regeneración que estableció la larga hegemonía conservadora, tras las derrotas liberales en las guerras civiles de 1876 y 1885, durante el gobierno de Rafael Núñez, un “lentejo” que se pasó del liberalismo al conservatismo, autor de la letra del Himno Nacional. Con la victoria de los conservadores en la guerra civil de 1885 tras la batalla de La Humareda, convocó a la Asamblea Constituyente, en noviembre del mismo año, la que promulgó la Constitución Política de Colombia, el 5 de agosto de 1886.
La Carta de 1886
La Carta de corte autoritario y centralista, desmontó el federalismo liberal, le dio amplio poder a la Iglesia Católica, estableció límites a la cultura democrática y a su amparo estableció la persecución a los “liberales radicales”. Adoptó la “ley de los caballos” que estableció la represión y el destierro a los inconformes y la censura de prensa. Le garantizó a los azules la hegemonía durante 44 años de implacable persecución a sus opositores.
La Constitución del 86 sufrió reformas en 1905, 1910, 1936, 1954, 1957, 1968 y 1984. En total fueron 70. Salvo las de 1930 de Alfonso López Pumarejo, de 1954 de la dictadura militar que le concedió el derecho al voto a las mujeres cuando no se permitían elecciones y las de 1957 y 1958 que le abrieron el camino al régimen bipartidista, las demás reformas fortalecieron el centralismo, las restricciones a la democracia y la reglamentación social y económica en beneficio del capital. Estableció el régimen permanente de estado de sitio.
Sirvió asimismo, para todo tipo de normas represivas como la ya citada “Ley de los caballos”, la “Ley Heroica” de 1928 que sirvió de “instrumento legal” para la masacre de Las Bananeras, las retenciones administrativas indefinidas de personas acusadas de subversión en el gobierno de Lleras Restrepo, el “Estatuto de Seguridad” de Camacho Leyva-Turbay Ayala y la “seguridad democrática” de Álvaro Uribe Vélez, esperpentos liberticidas de corte fascistoide en el lenguaje actual.
Una “ley de leyes” de esta naturaleza, con más de un siglo de existencia y con resultados desastrosos en la preservación de las libertades y los derechos humanos, no tenía fundamento cuando en Colombia se abría paso la solución política dialogada del conflicto armado. El terreno para una nueva Constitución estaba abonado en 1991 cuando el país se preparaba para entrar al siglo XXI.
La nueva Constitución
Después de los “acuerdos de paz” del M-19 con los gobiernos de Virgilio Barco y César Gaviria Trujillo y de la presión de la séptima papeleta, fue convocada la Asamblea Nacional Constituyente. De entrada, el presidente Gaviria quiso limitarla a unos temas concretos lo cual equivalía a dejar viva la Carta de 1886, lo cual no fue aceptado por la Corte Suprema de Justicia que le negó al Ejecutivo la facultad de limitar las funciones de la Constituyente. El fallo dejó abierta la puerta para que se elaborara la nueva Constitución.
El 9 de diciembre de 1990 fueron elegidos mediante voto popular, con enorme abstención, los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. Aunque fue llamada Constituyente de la Paz, el mismo 9 de diciembre de 1990, en momentos que transcurría la elección, César Gaviria ordenó el bombardeo contra la sede del Secretariado de las FARC en la región de Sumapaz, incluyendo a La Uribe, sede de los diálogos con el presidente Belisario Betancur (1982-1986). El Secretariado de la guerrilla no aceptó unas pocas dádivas para ingresar sin pena ni gloria a la Constituyente. Se produjo la declaratoria de guerra que frustró un real acuerdo político con la guerrilla fariana.
El conejo de la oligarquía
La Constituyente elegida, con una fuerte presencia de la llamada Alianza Democrática M-19, fue el escenario de un acuerdo de liberales, conservadores alvaristas y ex guerrilleros, para tener una nueva Constitución con una parte política con derechos fundamentales, mecanismos de participación y el establecimiento de un Estado Social de Derecho y otra parte económica y social, reservada al establecimiento para institucionalizar el modelo neoliberal aperturista de economía de libre mercado y de garantía para el capital. Difícil que pudieran coexistir las dos partes contradictorias.
Desde el día siguiente de la aprobación, el 4 de julio de 1991, comenzó a cocinarse por las mayorías tradicionales y bipartidistas la contrarreforma por vía de la reglamentación y de las reformas constitucionales. Con el tiempo se aprobó la extradición de nacionales colombianos, la reelección y retornó el centralismo, prohibidos en la Constitución. Durante la administración Pastrana se eliminó la expropiación por vía administrativa y durante el gobierno de Uribe Vélez se les arrebató las regalías por las utilidades minero-energéticas a las regiones y se aprobó la reelección en beneficio propio.
Son 41 reformas impuestas, entre ellas la reelección que fue el producto de un delito (cohecho) auspiciado por el presidente Uribe Vélez en la “Casa de Nari”. Por vía de la reglamentación hicieron imposible que los mecanismos de participación puedan tener origen en el pueblo, en el constituyente primario. La facilidad la tiene el ejecutivo donde por lo regular está la iniciativa.
Para el ex ministro Fernando Carrillo, uno de los promotores de la séptima papeleta, “La Constitución de 1991 es la historia de un éxito de construcción colectiva”. Para Catalina Botero, promotora también de la séptima papeleta, “la carta mantiene su esencia”. Y para Navarro Wolff, ex presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, “no se requiere de una nueva Constitución”. Todos defienden lo que no se logró, fue una quimera. No perduró en el tiempo la Constitución que hoy es una colcha de retazos. Parodiando al presidente Santos se puede decir que la tal Constitución de 1991 no existe. El hecho se convirtió en un auténtico conejo de la oligarquía colombiana.
Del Estado Social de Derecho solo queda el nombre en la Constitución sin artículos que lo soporten; el artículo 22 establece que “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, sin embargo, todos los mandatarios colombianos, desde 1991, hicieron la guerra y llevaron al fracaso los eventuales diálogos de paz. Planes como la guerra integral, Destructor I y II, Plan Colombia, Plan Patriota, Plan Espada de Honor, Plan de Consolidación y “Seguridad Democrática”, todos de corte belicista y militarista, se adelantaron en contravía de la Constitución Nacional que establece la paz como un derecho de los colombianos.
Queda hasta ahora incólume la tutela, en el ojo del huracán de la clase dominante, porque la “tutelitis amenaza la estabilidad política y económica” según dicen en las alturas, como si los ciudadanos fueran los responsables de los abusos del poder público y privado.
Al contrario de lo que dice Antonio Navarro, Colombia requiere de una nueva Constitución Política, sin acuerdos oportunistas y pusilánimes, sin concesiones a la mezquindad de la oligarquía. Una Constitución en el posacuerdo, para la paz y la justicia social. Una verdadera Asamblea Nacional Constituyente comprometida con el país es el próximo paso. La del 91 está hecha pedazos.
Semanario Voz
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