Paz y conflictos no se contraponen

Por Carlos A. Lozano Guillén

El fin del conflicto armado no presupone el fin del conflicto social. Las luchas populares cobrarán en el posacuerdo otra dimensión debido a las nuevas condiciones de las libertades y de los acuerdos de La Habana.

Mientras se adelanta la actual ronda de conversaciones de la Mesa de La Habana que debe culminar el 14 de junio, casi que silenciosa y con la sostenida intención de llegar pronto a los acuerdos concretos que permitan avanzar a la fase final del proceso de paz del gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC-EP, en Colombia se desarrollaba el paro nacional agrario, promovido por la Cumbre Agraria con la participación de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes y el apoyo popular, expresión de la agudización del conflicto social y de la lucha de clases.

Con el proceso de La Habana y los logros políticos y sociales de la guerrilla fariana, así como con la exacerbación de los conflictos a consecuencia del modelo salvaje del capital y el incumplimiento gubernamental de antiguos acuerdos, crece la inconformidad de las masas populares, declaradas en rebeldía contra la incuria de la clase dominante y el escalamiento de nuevas formas de explotación a las que recurre el capital.

No es coherente que el gobierno de Santos converse con las guerrillas en el exterior, pero en Colombia desconozca los derechos sociales y reprima con brutalidad las luchas populares. La delegación de paz de las FARC-EP lo dejó bien en claro en la declaración de apoyo al paro nacional agrario:

“Mientras en La Habana estamos a las puertas de un acuerdo que ponga fin a más de 50 años de guerra, en las vías y calles del país la protesta social es reprimida con violencia por los escuadrones del Esmad. En 7 días de paro, la represión policial deja más de 150 personas detenidas, 2 indígenas muertos pertenecientes a las comunidades del municipio de Caldono, departamento del Cauca(…). Las reformas que necesita Colombia se hacen con voluntad política, con inversión social”.

Los críticos de la paz

En contraste, sectores de la clase dominante para justificar la represión contra las protestas, dicen que están infiltradas por el ELN y son manipuladas por las FARC-EP para negociar aquellos puntos “pendientes” en el primer tema de la agenda sobre el “Desarrollo Agrario Integral”. No faltaron las críticas “izquierdistas” de los cómodos observadores que acusan a las FARC-EP de capitular y desconocen el significado del proceso de La Habana porque “en nada beneficia la paz con justicia social que anhela el pueblo colombiano” (Declaración del EPL y la ambigua posición del PC de C-M-L, difundidas en el periódico virtual Revolución #509 de junio de 2016).

Lenin advirtió en su tiempo en el extraordinario texto “El izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo”, el daño que hacen estas posiciones pequeño burguesas en el seno del movimiento revolucionario. Engels también advirtió: “Como es natural, los revolucionarios muy jóvenes e inexpertos, lo mismo que los revolucionarios pequeño-burgueses, incluso de edad muy respetable y de gran experiencia, consideran extraordinariamente ‘peligroso’ incomprensible y erróneo ‘autorizar los compromisos’”.

El fin del conflicto armado no presupone el fin del conflicto social. Las luchas populares cobrarán en el posacuerdo otra dimensión, debido a las nuevas condiciones de las libertades democráticas y de los acuerdos de La Habana. En este sentido, no es correcto el concepto del posconflicto, debe decirse posacuerdo que se ajusta más a la realidad y a la situación concreta. Después de la firma de los acuerdos y, con toda seguridad, en la etapa de su implementación, se incrementarán las luchas sociales y populares por nuevas demandas, debido a la crecida deuda social del Estado dominante con el pueblo colombiano.

Los acuerdos finales solo hacen relación a remover causas del conflicto, pero la lucha por la democracia y la transformación de la sociedad continúa en las condiciones de libertades favorables a la movilización popular. Saberlas orientar es la tarea de la izquierda y de los sectores democráticos, y del nivel de su unidad dependerá una nueva correlación de fuerzas favorable a los cambios y al logro de un nuevo poder democrático.

No ver las enormes perspectivas que se registran en el horizonte es miopía política y subestimar el factor favorable que significa, en esta etapa, el logro de la paz con democracia y justicia social. Lo causan las posiciones sectarias y dogmáticas que en el pasado han perturbado la unidad de los revolucionarios.

La ronda

Entre tanto, la ronda de conversaciones de La Habana sigue avanzando en medio de acuerdos y acercamientos, aunque también de diferencias que deben superarse. Una de ellas es la del plebiscito inconsulto que con obstinación el Gobierno Nacional sigue empeñado en imponer. Las FARC-EP han dejado en claro que no se oponen a un mecanismo de refrendación ciudadana y proponen la vía de la consulta popular.

Son tres las razones por las cuales las FARC-EP se oponen al plebiscito:

“1.- Por cuanto somete un fin mismo de la nación y derecho fundamental, al escrutinio de las urnas, yendo en contravía de la misma constitución, porque es que la paz no es plebiscitable.

2.- Por su improcedencia legal, ya que otorga al plebiscito potestades aprobatorias sobre materias que no son resorte del ejecutivo, como el cúmulo de reformas constitucionales y legales derivadas de los acuerdos.

3.- Por cuanto ha sido una propuesta no definida por la Mesa, que entraría en contradicción con la ya aprobada categoría del Acuerdo Especial”.

Comenzaron, igualmente, a discutir los “pendientes” y líneas rojas que no han sido adoptadas en los puntos de la agenda ya evacuado con “acuerdos parciales”. Deben definirse en el entendido que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”. Voceros de las dos partes han reconocido que existen avances en lo concerniente al cese bilateral y definitivo de fuegos, la dejación de las armas, el paramilitarismo y los territorios de paz de ubicación.

Asimismo, ambas partes convocaron a una reunión de organizaciones agrarias, indígenas, de afrodescendientes y el pueblo rom, para escuchar sus reivindicaciones y observaciones. El 10 de junio establecieron también un acuerdo para la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en Briceño (Antioquia), que se pondrá en marcha a partir del 10 de julio del presente año. Esta decisión se implementará en coincidencia con el desminado humanitario.

Campaña mediática adversa

Sin que exista una fecha definitiva acordada en la mesa, el Gobierno Nacional acaricia la idea que el 20 de julio esté aprobado el texto del Acuerdo Final. Ambas partes coinciden que está cerca el momento del fin de la confrontación armada. Aunque la paz es integral y debe darse inicio al diálogo con el ELN y cumplir lo pactado con la Cumbre Agraria y otros destacamentos populares que demandan derechos y reivindicaciones. Es previsible el ascenso popular de masas ante la cantidad de situaciones sociales que degradan la vida de los colombianos.

Flaco servicio hacen a la llamada reconciliación y a generar confianza en los insurgentes en el sentido que serán respetados los acuerdos, las filtraciones de la Fiscalía sobre apertura de procesos a los comandantes guerrilleros, el sensacionalismo sobre supuestos crímenes atroces y las publicaciones que le enrostran a la insurgencia la violencia de la lucha armada. Por supuesto que la guerra de más de cinco décadas fue atroz, causada por la violencia del Estado y la ferocidad de la clase dominante para acumular utilidades a como dé lugar.

El “todo vale” uribista de la actualidad es un referente histórico de la oligarquía, para hacer prevalecer sus intereses individuales sobre los de la mayoría de los ciudadanos. Precisamente, por esta razón y porque no hubo solución militar del conflicto, es que se impone la salida política democrática mediante un acuerdo concertado que le ponga fin a la confrontación armada.

Semanario Voz