sábado, 17 de octubre de 2015

Mirador: ¡A pagar!


Carlos A. Lozano Guillén


Las azucareras multadas pertenecen a señorones de la oligarquía vallecaucana, denunciados por los trabajadores por el mal trato que les dan, incumpliendo normas del Código Sustantivo del Trabajo e internacionales de logros contractuales consignados en disposiciones de la OIT.




La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) informó sobre las multas a 14 empresas azucareras, que ascienden a 324.441 millones de pesos. Son “históricas” según algunos medios de comunicación, pero son insólitas, porque en el país no es común que se multe o sancione a empresas del gran capital, dedicadas a explotar a los trabajadores y al pueblo.


Entre las empresas multadas están Riopaila Castilla S.A., Ingenio del Cauca S.A., Manuelita S.A. y la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (Asocaña). De inmediato el grito de solidaridad de clase se hizo escuchar en los grandes medios de comunicación y en los gremios de la producción urbanos y rurales. Con el argumento de siempre de que se perderán empleos y se afectará el crecimiento de la economía, recabaron la suspensión de la medida. Desde el Gobierno Nacional hubo voces vacilantes e inclusive el presidente Santos habló sobre el tema con debilidad. No hubo el respaldo al Superintendente de Industria y Comercio. Las azucareras multadas pertenecen a señorones de la oligarquía vallecaucana, denunciados por los trabajadores por el mal trato que les dan, incumpliendo normas del Código Sustantivo del Trabajo e internacionales de logros contractuales consignados en disposiciones de la OIT.


El argumento es el de siempre: “Se afectará el trabajo y la producción”. Como si no fueran factores para el enriquecimiento a costa de los trabajadores y de los consumidores. La plusvalía que logran estos oligarcas vallecaucanos elude el pago de sus obligaciones con el Estado y los trabajadores, cuyos sindicatos los han denunciado en los últimos años.


Según el Gobierno Nacional las multas se deben a que obstruyen las importaciones desde Bolivia, Guatemala, El Salvador y Costa Rica. En realidad manipularon con los precios, son monopolios según los privilegios que establecen los TLC y fijan las normas de conformidad con ellos. En este sentido, no hay mucha posibilidad de que las multas se mantengan. Al final el gobierno se echará para atrás porque prima el interés del capital, de los grupos económicos y de los dueños de tan importante sector de la economía colombiana.


Es la pobreza del capitalismo. Como dijo el presidente boliviano Evo Morales: “el capitalismo es un cáncer que quiere acabar con el planeta”. Los dueños del capital empobrecen más la precaria democracia, porque hay otros sectores donde el Estado no interviene, como en la salud, donde prima el interés privado que abusa y abusa, como Coomeva EPS, pero eso será tema de otra ocasión por razones de espacio.




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