La investigación de la Fiscalía General de la Nación abre nuevas luces sobre los hechos, al citar a cuatro generales y a cerca de 10 oficiales y suboficiales para que respondan por los crímenes de lesa humanidad en la retoma del Palacio de Justicia.
El hallazgo por la Fiscalía General de la Nación de los restos de tres desaparecidos del holocausto del Palacio de Justicia, ha vuelto a abrir el debate sobre qué pasó en la llamada retoma, cuando los militares a punta de rockets causaron el incendio de la sede judicial, con magistrados, trabajadores, visitantes y guerrilleros adentro: Demencial acción criminal.
Es un debate pertinente, con mayor razón cuando en medios periodísticos se especula que en la sala penal de la Corte Suprema de Justicia hay una ponencia que busca sacar de la cárcel al coronel Alfonso Plazas Vega, el cínico que ordenó el bombardeo sobre el Palacio de Justicia sin importarle la cantidad de civiles que estaban en su interior y que le respondió a un periodista: “¡Estamos defendiendo la democracia, maestro!”. Quedó en claro que la democracia la defienden los militares a sangre y fuego, como se estableció desde las dictaduras conservadoras de la mitad del siglo pasado. Esta concepción de Plazas, contenida en los manuales contrainsurgentes, demuestra por qué los militares tienen alta responsabilidad en el conflicto colombiano y de cómo actuaron para eliminar el enemigo interno, contribuyendo de manera decisiva al genocidio de la Unión Patriótica y del Partido Comunista. Por esta razón, es equivocada la opinión de la Corte Suprema de Justicia que ve con desdén lo nuevo que aparece con el argumento que “en nada cambian los procesos judiciales contra los militares en este caso”. ¡Claro que cambian!, quizás no los procesos judiciales con todo su arsenal leguleyo y absurdo, pero si la verdad que debe ser relatada para la historia de lo que ocurrió en 1985.
Carlos Medellín, hijo del entonces maestro y magistrado Carlos Medellín, mi profesor de Derecho Romano, ha dicho sin tapujos que el responsable de los hechos es el ex presidente Belisario Betancur Cuartas. Es quien debe responder ante el Tribunal Supremo de Paz. Se conoce que los militares hicieron un pacto de silencio, incluyendo al presidente y a los ministros.
Durante la retoma hubo un golpe de estado y Belisario se convirtió en una marioneta de los mandos militares, que dirigieron los operativos sin consultar al poder ejecutivo y al gobierno constitucional. El resultado fue el cuadro dantesco. La barbarie.
La investigación de la Fiscalía General de la Nación abre nuevas luces sobre los hechos, al citar a cuatro generales y a cerca de 10 oficiales y suboficiales para que respondan por los crímenes de lesa humanidad en la retoma del Palacio de Justicia. Deben decir la verdad como lo debe hacer el ex presidente Belisario Betancur para bien de la patria, la historia y las víctimas.
El holocausto de la justicia fue un acto demencial, exagerado y criminal.
carloslozanogui@outlook.es
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