El acuerdo sobre justicia en La Habana, superó el concepto de “justicia transicional”, que el Gobierno Nacional quería imponer con un carácter unilateral y de obligatoriedad exclusiva para la insurgencia.
El miércoles 23 de septiembre próximo pasado, las delegaciones de paz del Gobierno Nacional y de las FARC-EP llegaron a un acuerdo sobre el tema de justicia y víctimas, que por sus alcances ha sido calificado de histórico en el país y en el exterior. Se puede decir que las conversaciones de La Habana llegaron al punto de no retorno, así queden importantes temas por resolver. Tuvo tanta trascendencia que en la firma del acuerdo estuvieron el presidente Juan Manuel Santos, el presidente de Cuba Raúl Castro y Timoleón Jiménez, comandante del Estado Mayor Central de las FARC-EP, entre otras personalidades.
El acuerdo sobrepasó el concepto de “justicia transicional”, que el Gobierno Nacional quería imponer con un carácter unilateral y de obligatoriedad única y exclusivamente para la insurgencia. Desde la “gran prensa”, el Congreso de la República a través de voceros oficiales, del uribismo extremista y de reconocidos militaristas, abogaban para que los dirigentes de las FARC-EP fueran a la cárcel de manera inexorable. Visión estrecha que se levantó como un muro para obstaculizar el acuerdo sobre el crucial tema.
El alcance del acuerdo
Sin embargo, el acuerdo final, anunciado el miércoles de la semana pasada, tiene un enfoque más universal y el alcance es mayor. Satisfizo a ambas partes pero dejó algunas amarguras y resentimientos en quienes querían ver a los jefes guerrilleros con traje de rayas en una cárcel del país o del exterior. Algunas “víctimas” clamaban venganza, estaban cerradas al acuerdo, invadidas por el odio, pero chocaron con la mayoría de ellas que se pronunciaron siempre en favor de la paz en el marco de la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
La “justicia transicional”, aprobada de forma unilateral y arbitraria a iniciativa del gobierno del presiente Santos, fue hecha a un lado, no tuvo mayor implicación en la decisión final. Lo que se impuso fue el concepto de la justicia restaurativa, que valora más a la víctima y toma en cuenta a la paz como derecho síntesis.
Lo explicó el comandante Timoleón Jiménez de forma sucinta y concreta: “Permítanme expresar nuestra gran satisfacción por el cierre exitoso del Acuerdo sobre Jurisdicción Especial para la Paz, trabajado entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP, que sin duda generará ambiente propicio para avanzar en convenios sobre las restantes temáticas de la Agenda.
Nos complace anunciar que esta jurisdicción especial para la paz ha sido diseñada para todos los involucrados en el conflicto -combatientes y no combatientes- y no sólo para una de las partes, desde una perspectiva fundamentalmente restaurativa, abre la posibilidad de ofrecer verdad detallada y plena, para sentar bases para la reparación y no repetición, que satisfaga los derechos de las víctimas y las expectativas de reconciliación de la sociedad.
La jurisdicción especial de paz que establece un modelo absolutamente respetuoso con las obligaciones internacionales de Colombia y de las normas humanitarias, seguramente, será observado y tenido muy en cuenta en otros procesos de paz”.
Un camino difícil
Pero no fue fácil llegar al punto de cierre sobre Jurisdicción Especial de Paz, porque hubo que romper el nudo gordiano de la estrecha “justicia transicional”, atravesado con insensatez por el presidente Santos. La idea de la Mesa de Conversaciones de Paz, acompañada de los países garantes (Cuba y Noruega) y acompañantes (República Bolivariana de Venezuela y Chile), era presentar el acuerdo con la presencia del papa Francisco I de visita en La Habana, pero no fue posible porque el gobierno de Estados Unidos estaba cerrado en los temas de cárcel y extradición para los comandantes guerrilleros. En consecuencia, la parte gubernamental atravesó en el texto una palabreja, “sanción efectiva”, para dejar en claro que así sería, como querían los gringos. La decisión se postergó y solo hasta el día martes 22 de septiembre, cedieron las partes y se llegó al acuerdo de cierre como dice el comandante Timoleón Jiménez.
¿Qué queda pendiente? Cese al fuego bilateral, la dejación de las armas y la transformación de las FARC-EP en movimiento político legal, generando condiciones específicas como la del desmonte del paramilitarismo. Como también la definición de los puntos que están pendientes sobre los temas agrario, político y drogas ilícitas. No son de poca monta. Así como el mecanismo de refrendación sobre el cual hay visiones contradictorias.
Faltan temas cruciales
El Gobierno Nacional, por la vía unilateral, como lo acostumbra, quiere imponer –vía Congreso- una Comisión Especial Legislativa o “Congresito”, para que el Senado y la Cámara de Representantes, que nada útil han hecho por el proceso de La Habana, con pocas excepciones individuales, sean los protagonistas del cierre del acuerdo final. Será otro tema difícil por aquello de la unilateralidad y la exclusión de las FARC-EP y de otras organizaciones sociales y populares, que prefieren el camino de la Asamblea Nacional Constituyente.
Como efecto directo del acuerdo sobre justicia restaurativa, el comandante del Ejército, general Alberto José Mejía, informó que se iniciará una revisión de la justicia castrense en perspectiva de un ejército para la paz y el post acuerdo. El Ejército debe revisar sus manuales estratégicos contrainsurgentes y aplicar una nueva doctrina militar en función de la democracia y la soberanía de ruptura con la doctrina de seguridad nacional.
En la reunión entre el presidente Santos y el comandante Timoleón Jiménez, face to face, como dice el presidente Nicolás Maduro, dieron un paso más allá en el marco del ambiente del acuerdo sobre justicia y acordaron la fecha del Acuerdo definitivo de fin del conflicto y de la paz estable y duradera, para el 23 de marzo de 2016. A partir de esa fecha, en el plazo de dos meses, se hará la dejación de armas por parte de las FARC-EP.
En La Habana todos respiraban tranquilos. Los rostros de felicidad de los delegados de ambas partes, así como de los representantes de países garantes y acompañantes, irradiaban optimismo, pero el cuadro contrastaba con la seriedad del presidente Juan Manuel Santos quien quería esquivar la mano del comandante de las FARC-EP. Tuvo que intervenir Raúl Castro, para unir las manos de los dos principales protagonistas a las suyas. Santos tuvo la misma conducta dos días atrás en la Cumbre con el presidente Nicolás Maduro.
Ojalá no sea un mal presagio.
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