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En 2011, los asesinatos, amenazas y desapariciones forzadas en contra de defensores de DD.HH subieron 36%. De 239 casos, la mitad fueron cometidos por paramilitares.
De acuerdo con el informe del Programa Somos Defensores, en 2011 se presentó una reactivación de la violencia en contra de los defensores de derechos humanos haciendo que las cifras de asesinatos, amenazas y desapariciones sean las más altas de la última década.
Según el estudio que se presenta anualmente, en 2011 se presentaron 239 agresiones, 65 más que en 2010, de las cuales 140 corresponden a amenazas directas, 49 a asesinatos y 17 a atentados a miembros de organizaciones sociales y de derechos humanos.
“En promedio cada 36 horas fue agredido un defensor y cada 8 días fue asesinado uno de ellos”, afirma el informe en el que además, se hace alerta por la reaparición de casos de desaparición forzada, hechos de los que la organización no tenía registro desde el 2007.
Un análisis histórico del informe muestra como los casos de agresiones descendieron entre el 2004 y el 2007, fechas que coinciden con los procesos de desmovilización de los grupos paramilitares.
No obstante, las cifras que llegaron a su punto más bajo en 2006 cuando se presentaron 74 casos de violencia, aumentaron desde el 2008 con lo que parece responder a la creación y expansión de las bandas criminales herederas del paramilitarismo.
Precisamente según el informe, de las 239 agresiones registradas, los grupos paramilitares y las denominadas Bandas Criminales fueron señalados como los presuntos responsables de la mitad de los casos denunciados, mientras que la guerrilla de las Farc y la Fuerza Pública fueron señaladas como autores del 4% y el 17% de las agresiones, respectivamente. En el porcentaje restante de los ataques no ha sido posible establecer el autor de los hechos.
Aunque el incremento de los casos registrados de asesinatos, amenazas, atentados, heridas, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas puede responder a un fortalecimiento institucional y a mayores garantías para denunciar, el programa Somos Defensores llamó la atención sobre la crítica situación en la que se encuentran los defensores de derechos humanos, la falta de garantías y sobre todo, la impunidad que se presenta en la mayoría de los casos.
El principal objetivo: defensores de víctimas y líderes indígenas
El registro de las agresiones, según el informe, indica que las principales víctimas de estos ataques fueron los miembros de organizaciones indígenas, seguidos por los defensores de víctimas y líderes de los procesos de restitución de tierras.
En este sentido es posible relacionar el incremento de las agresiones en contra de defensores y líderes con los procesos de reparación y de restitución que se vienen adelantando en Justicia y Paz, gracias a los cuales estas organizaciones sociales se han hecho más visibles desde el último año.
El informe agrega también un análisis de la deslegitimación de la actividad de los defensores que produjeron los casos de las falsas víctimas de la Masacre de Mapiripán y del despojo de las Pavas, los cuales implicaron un aumento del riesgo para las organizaciones que actúan en estos procesos de reparación y restitución.
De los 49 asesinatos registrados en 2011, 19 víctimas eran parte de organizaciones indígenas y 9 eran miembros de organizaciones de víctimas y líderes del proceso de restitución. Los casos restantes corresponden a líderes comunales, sindicalistas y estudiantes.
Sobre los autores de estos hechos, mientras los asesinatos cometidos por las Farc pasaron de 7 casos en 2010 a 5 en 2011, el informe muestra una duplicación de los homicidios cometidos por los paramilitares.
Si se compara con cifras de 2010, los paramilitares y las Bacrim fueron señalados de cometer 5 asesinatos, mientras que en 2011 esta cifra se elevó a 13 casos.
Igualmente se señala la autoría de las Fuerzas Armadas en dos asesinatos, mientras que 28 casos no se ha establecido el responsable.
En cuanto a las amenazas, al igual que en los asesinatos, las principales víctimas fueron los líderes de organizaciones de víctimas, desplazados y reclamantes de tierras. Las bandas criminales que se han establecido en todo el país, con los alias de 'Los Rastrojos', 'Los Urabeños', 'Águilas Negras' y ex Auc, fueron señaladas como las presuntas responsables de 101 amenazas de las 140 registradas en 2011.
Adicionalmente, las estadísticas muestran como de los 239 casos de agresiones el 77%, es decir 185 casos correspondieron a ataques a hombres mientras las mujeres fueron víctima de 54 de los incidentes registrados.
La geografía de la persecución
De acuerdo al mapa de agresiones presentado en el informe, la zona más crítica para la actividad de los defensores y líderes de organizaciones sociales es Bogotá que encabeza la lista con 35 casos, debido a que la mayoría de organizaciones tiene sus sedes en la capital. En orden se encuentra Cauca con 33 denuncias, Valle del Cauca con 29, Antioquia con 23 y Caquetá con 16.
Llama la atención el aumento de agresiones, ocurridas entre 2010 y 2011, en los departamentos de Antioquia, Caquetá, Atlántico y Risaralda.
Un caso especial lo registra Risaralda que en 2010 no presentó ningún registro, pero en 2011 denunciaron 12 ataques.
Es el mismo caso de Caquetá que pasó de un solo caso en 2010 a 16 en 2011 y de Antioquia que pasó de 5 casos en 2010 a ser escenario de 23 ataques a defensores.
Comparativamente, solamente se presentó una disminución del número de agresiones en Bogotá y en Santander.
En lo que tiene que ver con el registro de asesinatos, los departamentos que concentran la mayor cantidad de casos son Antioquia con 17, seguido por Cauca con 9, Córdoba con 6, Putumayo con 3 y Valle del Cauca con 2.
Según Somos Defensores también se presentaron casos en Nariño, Risaralda, Tolima, Sucre, Choco, Bolívar, Norte de Santander y Bogotá.
En cuanto a las amenazas, Bogotá es la ciudad con la mayoría de casos, seguida por Valle del Cauca, Caquetá y Atlántico.
Para la Ong, las zonas críticas para los defensores de derechos humanos, como Antioquía – Córdoba y el suroccidente, coinciden con la presencia de grupos armados, economías ilegales y con la instalación de empresas extranjeras relacionadas con la explotación de recursos naturales, agrega el informe.
Ante la situación a nivel regional, Andres Villamizar, director de la Unidad de Protección, dijo a VerdadAbierta.com que ya estaba listo el plan para que en junio de este año empiecen a funcionar 7 unidades regionales de protección con el objetivo de prevenir y atender estas situaciones de amenaza y agresión en contra de los defensores.
“A pesar de la situación, los diálogos con las organizaciones y líderes han continuado creando un ambiente de confianza en las instituciones lo cual explicaría un aumento de las denuncias de estos casos” agregó Villamizar.
Finalmente, el informe reconoce los grandes avances en materia institucional y normativa como la creación de la Unidad Nacional de Protección, así como el establecimiento de un marco jurídico mayor para la protección de los defensores de derechos humanos en el país. Sin embargo, se denuncia que en la realidad mientras la mayoría de estas garantías se quedan en el papel y no han podido pasar a los hechos, las amenazas si se han continuado materializado dejando como resultado las preocupantes cifras del 2011.
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