 |
| La firma del Acuerdo Final de La Habana está vigente. |
Un análisis concreto de la realidad concreta realizado por el director de VOZ sobre la situación política en el posplebiscito en la búsqueda de superar la crisis del proceso de paz.
Los inesperados resultados del plebiscito del 2 de octubre, favorables, por estrecho margen, a los promotores del no, provocaron la crisis del proceso de paz en Colombia.
Al menos, como dicen algunos analistas, dejaron en el limbo el Acuerdo Final de La Habana suscrito el 26 de septiembre del presente año, en Cartagena de Indias, por el presidente Juan Manuel Santos y el comandante Timoleón Jiménez, con el acompañamiento de numerosas organizaciones políticas y sociales colombianas y de la comunidad internacional, y que contó con la presencia de los secretarios generales de la ONU y la OEA, el presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de Unasur, la Celac y otros organismos internacionales y regionales, así como de 15 mandatarios, 27 cancilleres y tres ex presidentes.
La firma de tan importante acontecimiento recibió el enorme espaldarazo internacional en todos los continentes, fue saludado aun por el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, a pesar de que mantiene en injusto e inhumano cautiverio a Simón Trinidad y cuyos gobiernos auparon y financiaron la guerra contrainsurgente de más de medio siglo y el Plan Colombia.
Sin embargo, una semana después, un baldado de agua fría cayó sobre los millones de colombianos que anhelan la paz y de la comunidad internacional que siempre acompañó el esperanzador propósito. El resultado adverso del plebiscito, inesperado y sorpresivo, dejó perplejo a todo el mundo. Aunque en la realidad el país quedó dividido en dos (el sí y el no), como quien dice entre los partidarios de la paz y de la guerra, desde el punto de vista matemático los opositores ganaron por una mínima diferencia.
El estallido de la crisis
Fue el estallido de la crisis que colocó de inmediato a la ofensiva al senador Álvaro Uribe Vélez y a sus seguidores, que comenzaron a exigir concesiones y un “nuevo acuerdo”. Para estos “el Acuerdo Final de La Habana quedó sin vigencia” y se requiere “un nuevo acuerdo” bajo la iniciativa de las propuestas del no. Todas apuntadas a eliminar aspectos o temas esenciales como el acuerdo sobre el nuevo desarrollo agrario integral, la participación política, incluyendo el espacio para las FARC, las drogas ilícitas, víctimas y justicia, la igualdad de género y derechos para las mujeres, entre otros.
Los ex presidentes Uribe y Pastrana, con el respaldo del nefasto ex procurador Ordóñez y la ex candidata presidencial conservadora Martha Lucía Ramírez, la jerarquía eclesiástica y de otras iglesias, quieren a los comandantes guerrilleros en la cárcel y sin derechos políticos, así como están opuestos a la restitución de tierras y a la expropiación de los despojadores, como ganaderos, latifundistas, narcotraficantes y otros delincuentes que acumularon latifundios por vías y métodos ilegales de despojo.
Los argumentos son falaces. Que el acuerdo le entrega el país al “castrochavismo”. Que promueve la ideología de género, que nadie entiende qué significa. Que elimina la propiedad privada. Que consagra la impunidad. Al tiempo que atacan el Tribunal Supremo de Paz y defienden las fumigaciones y la represión a los campesinos que tienen cultivos ilícitos.
Hacen, recogiendo la totalidad de las propuestas de cada uno de los opositores, cerca de 400 cambios, todos sustanciales, que implican modificar el fondo del Acuerdo. Como dice el presidente Juan Manuel Santos, hay propuestas inaceptables, imposibles porque están en contravía de la paz. En la práctica equivalen a frustrar la conquista democrática del Acuerdo Final de La Habana.
Ajustes y precisiones
Sin embargo, el Gobierno nacional y la guerrilla de las FARC-EP, desde el día siguiente del plebiscito, aceptaron los resultados:
“Reconocemos, sin embargo, que quienes participaron en el plebiscito del pasado 2 de octubre se pronunciaron mayoritariamente a favor del no, así fuera por estrecho margen. En el marco de las facultades presidenciales que otorga la Constitución Política es conveniente que sigamos escuchando, en un proceso rápido y eficaz, a los diferentes sectores de la sociedad, para entender sus preocupaciones y definir prontamente una salida por los caminos señalados en la sentencia de la Corte Constitucional C-376 de 2016. Las propuestas de ajustes y precisiones que resulten de ese proceso serán discutidas entre el Gobierno nacional y las FARC-EP para dar garantías a todos”, dice un párrafo del comunicado que suscribieron.
Es decir: es inaceptable el propósito saboteador del Acuerdo Final de La Habana, porque ante los resultados que no se pueden desconocer, el camino es que las partes decidan qué propuestas son pertinentes para hacer ajustes y precisiones, como lo señala el comunicado conjunto y lo dicen los voceros gubernamentales y guerrilleros. Con toda razón The New York Times, en comentado editorial, acusó a Uribe Vélez de ser un obstáculo para la paz. O también reconocidos analistas que cuestionan a Uribe y a Pastrana por ser enemigos de la paz.
Cambio en la situación
Pero la crisis inicial que dejó en el limbo el Acuerdo Final de La Habana se recompuso, sin desmedro del resultado plebiscitario, debido a diversos factores: al comunicado conjunto del Gobierno y las FARC-EP, a la prórroga del cese indefinido de fuegos y hostilidades hasta el 31 de diciembre (así el Gobierno, bastante timorato, le establezca límite siendo este indefinido), al Premio Nobel de Paz otorgado al presidente Santos, al reconocimiento que hizo el gerente de la campaña del no del Centro Democrático, Juan Carlos Vélez Uribe, de que acudieron a una campaña, recomendada por publicistas extranjeros, para generar “indignación” en la gente sobre la base de mentiras y argumentos falaces.
Uribe regañó en público a Vélez porque “esos asuntos deben tratarse en privado”, a las contradicciones al interior del no que no tiene unidad de criterios. Pero lo más importante ha sido las gigantescas movilizaciones en Bogotá y otras capitales en las que estudiantes, acompañados de sectores sociales, populares y organizaciones humanitarias, promueven la paz ya, sin dilaciones ni más demoras.
Uribe está en su laberinto. Con desespero sigue aferrado en el ataque a la justicia transicional y restaurativa del Acuerdo Final de La Habana, porque es la manera de salvarse a sí mismo y a sus amigos que deben rendir cuentas ante la Justicia por sus nexos y complicidades con el paramilitarismo, reconocidas por los jefes de las AUC.
Lo que está claro es que con el resultado del plebiscito no se cayó el Acuerdo de La Habana porque este tuvo implicaciones políticas y no jurídicas. Quedó sin piso el colchón legal para su implementación que fue el acto legislativo que consagró el fast track y otras medidas para desarrollarlo. Hay alternativas. Puede ser un nuevo plebiscito, cabildos abiertos o por la vía ordinaria del Congreso. Son algunas de las variantes para sacar del limbo el acuerdo con las precisiones y aclaraciones a que haya menester.
La perspectiva
No hay razón para el pesimismo. Aunque hay que estar alertas a las provocaciones militaristas y de la extrema derecha. Alternativas existen. Uribe Vélez y sus amigos están desenmascarados por la inmoral campaña que libraron. Tampoco hay lugar a la pedantería de los uribistas que se creen los dueños de los más de seis millones de votos del no, cuando dicen los entendidos que la mitad de ellos los aportaron las iglesias que asustaron a sus feligreses con el diablo de la ideología de género. Varios votantes del no han reconocido el error en que incurrieron y ahora están en las marchas y movilizaciones que exigen la paz y el acuerdo ya.
Pero es necesario que el presidente Santos y el Gobierno nacional se comprometan en realidad con una política integral de paz. Bueno el diálogo con el ELN. Malo no cumplir los compromisos y pactos con sectores sociales, como es evidente con la Cumbre Agraria. O imponer la reforma laboral antipopular, en beneficio del capital, de los grupos económicos, del sector financiero y con seria afectación a los consumidores, en especial a los de menor ingreso.
En La Habana las dos partes con voluntad buscan el acuerdo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario