Balance del año.- Crisis superada y acuerdo histórico sobre justicia restaurativa
En noviembre próximo pasado se cumplieron tres años de la fase pública de la Mesa de La Habana, después de la aprobación por parte de las delegaciones de paz del Gobierno Nacional y de las FARC-EP del “Acuerdo General para Terminar el Conflicto y la construcción de la paz estable y duradera”, el 23 de agosto de 2012, y la posterior reunión en Oslo, Noruega, el 17 de octubre de 2012, cuando se iniciaron los diálogos públicos que tendrían desarrollo en la capital de Cuba.
Los tres años han transcurrido bajo la presión del tiempo, esgrimido por la parte gubernamental que aspira a la “paz exprés”, distinta al “tiempo razonable”, el estrictamente indispensable para llegar a un pronto acuerdo pactado por las dos partes.
El diálogo ha transcurrido en medio de contradicciones y momentos difíciles, pero también de importantes acuerdos bilaterales en el marco del “Acuerdo General de La Habana”. Así se avizoró en Oslo después de las intervenciones de Iván Márquez y Humberto de la Calle Lombana, cabezas de las dos delegaciones de paz. No sería fácil. Explicable porque un conflicto de 60 años de causas políticas, económicas, sociales e históricas no puede resolverse de un soplo como si existieran fórmulas mágicas para hacerlo.
El Gobierno a la vez que está sentado en la mesa, adopta decisiones unilaterales como las del referendo y la justicia transicional, ambas fracasadas, y las que están en marcha del llamado congresito, sin presencia de las FARC-EP, y del plebiscito sin tomar en cuenta la propuesta insurgente y de varias organizaciones sociales y de izquierda de la Asamblea Nacional Constituyente de amplia participación popular.
Acuerdo histórico
El 23 de septiembre del presente año, las delegaciones de paz del Gobierno Nacional y de las FARC-EP, asesoradas por un equipo de expertos juristas en el tema, les anunciaron al país y al mundo el “acuerdo histórico” sobre justicia, tan esperado, porque es la principal herramienta para satisfacer a las víctimas, a la comunidad internacional y de blindaje de los diálogos de paz.
El acuerdo es una novedosa interpretación de la justicia en el marco de la solución de un conflicto social y armado. En lugar del concepto de “justicia transicional” se acogió el de “justicia restaurativa” que es global y obliga y compromete a todas las partes sin excluir al Estado, principal depredador de los derechos humanos en el caso de Colombia. Todo lo contrario a la “justicia transicional” que el Gobierno la concebía para la guerrilla de forma exclusiva sin comprometer a ninguna otra parte concernida en los actos de guerra.
Con el nuevo concepto de “justicia restaurativa” se crea el Tribunal Supremo de Paz, cuya jurisdicción abarcará a todas las partes sin excepción. Tienen que revelar la verdad como condición sine qua non para recibir los beneficios de las sanciones penales benévolas y constructivas. ¡Todos a responder en igualdad de condiciones!
Hubo otras decisiones unilaterales, casi todas de la insurgencia, para generar buen ambiente y recobrar la confianza afectada en los momentos de crisis.
Las FARC-EP declararon de nuevo la tregua unilateral indefinida, mantenida como lo reconoce el Gobierno a pesar de los saboteos y provocaciones de los militares, aupados por la extrema derecha. También iniciaron la colaboración en el desminado y anunciaron suspender la compra de armas y el reclutamiento de menores. Gestos evidentes y de voluntad de paz.
Otras importantes decisiones bilaterales fueron la entrega de los informes de la Comisión de Historia, fundamental para la Comisión de la Verdad; la visita a la Habana de los empresarios colombianos en la segunda mitad del presente año; las conversaciones con la Iglesia Católica; los contactos con el Frente Amplio y reuniones con parlamentarios y sindicalistas del exterior, entre ellos con una significativa representación del Reino Unido, Irlanda, Sudáfrica, Estados Unidos y del Foro de Sao Paulo.
Crisis en el proceso
En abril del presente año, después de varios actos de hostigamiento por las Fuerzas Militares y de acercarse de forma peligrosa a territorio fariano, una patrulla del Ejército fue emboscada por unidades guerrilleras, dejando un saldo de más de una decena de uniformados muertos y varios heridos. Fue un duro golpe porque las FARC-EP estaban en tregua unilateral, así los militares hubieran seguido atacando y bombardeando campamentos de insurgentes comprometidos en el cese de fuegos unilateral.
El Gobierno Nacional que promovió el absurdo método de dialogar en medio del conflicto, declaró la crisis del proceso, al igual que lo hizo el año anterior cuando la retención del general Alzate en Chocó. Son hechos de la guerra que el Gobierno recibió con vehemencia. Ordenó reanudar los bombardeos aéreos, colocando en peligro los diálogos y llevando al más bajo nivel la confianza entre las partes. Las FARC-EP con más humildad, creatividad y voluntad política, decidieron reanudar el cese unilateral de fuegos con carácter permanente. Fue así como fue superada la crisis pero quedó latente la desconfianza.
Otras decisiones de agentes del Estado como la investigación al M-19, con tufillo a conejo, porque colocó en entredicho el indulto a los insurgentes, no dejó de meter ruido peligroso en las filas guerrilleras. Igual la represión a las luchas sociales y la pretensión de prohibir la actividad política de los guerrilleros de las FARC-EP. Son gestos unilaterales que poco ayudan a la confianza recíproca y a la estabilidad de la mesa. El otro tema muy espinoso es el del paramilitarismo, negado una y otra vez por el Gobierno que prefiere llamarlo Bacrim, que actúa de la misma forma que las AUC y con el apoyo de la Fuerza Pública, los empresarios, los ganaderos, políticos regionales y nacionales.
Hay que resaltar como importante, pero insuficiente, la decisión gubernamental de liberar a 30 guerrilleros, condenados por rebelión, hacinados en cárceles colombianas en donde se violan los derechos humanos. Pero quedan otros en difíciles condiciones de salud. La Delegación de Paz de las FARC-EP entregó un listado de 81 combatientes, recluidos en las cárceles colombianas, sin atención médica y en evidente peligro de muerte.
La perspectiva
A pesar de las dificultades y las contradicciones, las perspectivas del acuerdo del fin del conflicto son positivas. Las partes han avanzado bastante; hay importantes acuerdos en firme y otros que van saliendo con la expresa voluntad de las partes.
Los guerrilleros de las FARC se ven haciendo política: “Nos vemos como una gran familia fariana haciendo política desde los territorios, desde las regiones donde siempre hemos estado”, le dijo Victoria Sandino a este semanario.
Son declaraciones y pronunciamientos que se adelantan al post acuerdo, pero que exigen la garantía del Gobierno Nacional de romper todo vínculo con el paramilitarismo y ofrecer las garantías para que la fuerza insurgente, convertida en movimiento sin armas, pueda actuar en igualdad de condiciones en la vida política nacional. Es menester que el Gobierno entienda la importancia de adoptar los puntos pendientes, que de seguir en el congelador podrá resolver una Asamblea Nacional Constituyente democrática y popular.
El año 2015 deja un saldo positivo en materia de paz. Avance con las FARC-EP y con el ELN. Con este último han dicho que pronto se instalará la mesa de diálogo propia. Pero falta mayor decisión del Gobierno Nacional, dejar la ambigüedad y la vacilación y, sobre todo, las concesiones a la derecha y a la extrema derecha que pretenden sabotear los procesos en marcha. El presidente Juan Manuel Santos debe reclamar el apoyo de los partidos de la Unidad Nacional a su política de paz, negada en los momentos difíciles; ahora, desde el Congreso, aparecen congresistas opuestos a la paz, oportunistas, queriendo hacer protagonismo con el plebiscito y el “Congresito”, criaturas dudosas y con muchas espinas.
Semanario Voz
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