 |
| El procurador Alejandro Ordóñez en la cuerda floja, aunque maniobra para quedarse. |
A propósito del debate sobre la validez o no de la reelección
del procurador Alejandro Ordóñez. ¿Una personalidad tan controvertida y
peligrosa, cómo puede representar el ministerio público?
El 13 de mayo de 1978, Día de la Virgen de Fátima para más señas, el
entonces estudiante Alejandro Ordóñez Maldonado fue uno de los
protagonistas de una escena dantesca en Bucaramanga, cuando un grupo de
jóvenes ingresó a la Biblioteca Pública “Gabriel Turbay”, “decomisó”
unos libros y con ellos hizo una pila en el centro del parque San Pío X y
les prendió fuego. Eran textos de Marx, Engels y Lenin, de Juan Jacobo
Rousseau, de novelistas europeos y latinoamericanos, entre ellos de
Gabriel García Márquez, considerados impíos y veneno comunista para la
joven generación. Los libros ardieron en medio de un aquelarre propio de
la Santa Inquisición o de las hordas nazis hitlerianas en la Alemania
de los años 40 del siglo pasado.
Alejandro Ordóñez, estudiante de derecho de la Universidad Santo
Tomás, a los 24 años de edad, pertenecía a un grupo fanático de jóvenes
católicos, denominado Sociedad San Pío X, que buscaba imponer la fe
religiosa a como diera lugar. Este tenía estrecha relación con
Tradición, Familia y Propiedad, un grupo más violento y agresivo, que
atacaba manifestaciones comunistas y a los activistas del PCC y de la
JUCO que vendían en las plazas públicas el periódico VOZ Proletaria. En
Medellín y Armenia jóvenes comunistas fueron heridos a cuchillo por los
belicosos y violentos integrantes de TFP.
Este acontecimiento de hace 36 años, revelado en febrero de 2013 por
el periodista Daniel Coronell en la revista Semana, retrata de cuerpo
entero la personalidad controvertida y peligrosa de quien es en la
actualidad el Procurador General de la Nación, elegido para un segundo
periodo en dudosa legalidad. Ordóñez no es un hombre de ideas, sino un
fanático religioso que persigue con saña a toda persona de una orilla
ideológica antípoda a la suya. Lo ha demostrado con creces en su
gestión.
Perseguidor de la izquierda
Como un Torquemada del siglo XXI, Ordóñez Maldonado se ha dedicado a
perseguir a los funcionarios públicos de izquierda, como en los casos de
Piedad Córdoba, Gustavo Petro, Iván Cepeda, Gloria Inés Ramírez, Jorge
Enrique Robledo o Jaime Caycedo, mientras trata con guantes de seda a
sus copartidarios conservadores como Andrés Felipe Arias, recién
condenado por la Corte Suprema de Justicia, Sabas Pretelt de la Vega,
Bernardo Moreno y Diego Palacio, ex ministros y ex funcionarios del
gobierno de Álvaro Uribe Vélez, absueltos o con tibias sanciones a pesar
de los fallos o procesos judiciales en su contra en la jurisdicción
penal.
El procurador Ordóñez no ha ocultado su simpatía y apoyo al ex
presidente Álvaro Uribe Vélez, correligionario en las causas más
retrógradas y antidemocráticas en la segunda década del siglo XXI en el
marco de transformaciones políticas, sociales, económicas, tecnológicas y
científicas, algunas inusitadas y casi inimaginables. En contraste,
Ordóñez, como Uribe Vélez, sigue aferrado a doctrinas y fanatismos
propios de la época medieval.
Desde la Procuraduría General de la Nación salen torpedos contra todo
proceso progresista. Ordóñez se ha opuesto a los diálogos de paz con
las fuerzas insurgentes; está por las salidas guerreristas, justificadas
con falsos criterios institucionales y conservadores. Con agresividad
persigue a jueces y funcionarios que acaten las jurisprudencias de la
Corte Constitucional en materias como la igualdad de sexos, el
matrimonio gay, el aborto, la despenalización de la dosis mínima y la
legalización de las drogas ilícitas, con el argumento de que van en
contra de la fe católica y de la familia. Sueña con un Estado
confesional y clerical, en contravía de la democracia y del pluralismo.
La boda del año
La boda de la hija del procurador Alejandro Ordóñez, Natalia Ordóñez
Hernández, en febrero de 2013, fue la demostración de su poder político e
institucional. A la elegante y fastuosa recepción en el Country Club de
Bogotá llegó la flor y nata de la rancia aristocracia capitalina y los
representantes de los tres poderes públicos, de la política tradicional
bipartidista, empresarios, industriales, ganaderos y diplomáticos. Fue
un acto ostentoso, ritual y antipático en un país de tantas miserias y
desigualdades sociales y humanas.
¿Cuál es el poder de procurador? Dicen los entendidos que no son su
elocuencia, tampoco su inteligencia y menos aun su capacidad jurídica,
que no son características en él. Menos aun sus ideas atrasadas y
cavernarias en un mundo en que fluyen las ideas y las controversias en
el terreno ideológico a pesar del derrumbe soviético que no sepultó el
legado revolucionario y también gracias a sectores importantes a nivel
planetario que luchan por transformaciones políticas y sociales
avanzadas.
El poder descansa en la nómina de la Procuraduría que se extiende por
todo el país, incluyendo la nómina paralela de contratistas que
multiplica el poder burocrático de Ordóñez. Magistrados de las cortes,
senadores y representantes, ministros y gobernadores, sin desestimar la
cuota del sector privado, le deben favores muy bien pagados con el
respaldo político, suficiente para ser reelegido a pesar de sus
escandalosas actuaciones.
Reelección ilegal
Alejandro Ordóñez Maldonado fue reelegido en dudosa elección en el
Senado de la República, no solo por aquello de la mermelada, sino
porque, a juicio de eminentes juristas, la Constitución Política de 1991
que le dio un enorme poder al Procurador, como quiera que puede
destituir a funcionarios elegidos por el voto ciudadano y no estableció
de manera expresa la posibilidad de la reelección en este cargo. Es
precisamente el tema que está en discusión del Consejo de Estado y que
en los próximos días será resuelto por la sala plena.
Los días del procurador Ordóñez Maldonado estaban contados, la
sección quinta del Consejo de Estado, habilitada como competente para
estudiar y definir las demandas de nulidad de la reelección, presentadas
por los juristas Ramiro Bejarano y Rodrigo Uprimy y la periodista
Cecilia Orozco, se orientaba a aceptar los argumentos jurídicos de los
demandantes. Así lo consignaba la ponencia del magistrado Alberto Yepes.
De los cinco integrantes de la sección quinta, cuatro o por lo menos
tres estaban por la nulidad del acto eleccionario. Pero surgió la
tinterillada del procurador y su abogado, que recusaron a dos de los
consejeros de estado para dilatar la decisión y dar tiempo para nuevas
jugadas artificiosas que no jurídicas.
Por la intervención de los magistrados Marco Velilla, Alfonso Vargas y
Bertha Lucía Ramírez, de la cuerda de Ordóñez, la sala plena del
Consejo de Estado decidió que será esta la encargada de decidir la
validez o no de la reelección.
Serán, entonces, los 31 magistrados de la sala plena los que
decidirán en medio del tráfico de influencias, presiones y del lobby de
Ordóñez y sus secuaces. El procurador busca con desespero salvarse. El
objetivo es cambiar la correlación de fuerzas en la sala plena. Acudirá a
más tinterilladas y tecnicismos jurídicos para prolongar la agonía o al
final imponer la legalidad de una reelección ilegal.
Por el bien del país y en la perspectiva de un acuerdo político para
la paz de Colombia, un individuo con estas características no puede ser
el representante de la sociedad, es un enemigo de las libertades, de la
paz y del progreso social. Desentona con los anhelos de democracia del
pueblo colombiano.
No hay comentarios:
Publicar un comentario