Las chuzadas e inteligencia ilegal de la seguridad del Ejército es una actividad abiertamente criminal y no puede ser atenuada por las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos y del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón que las justifican. No son inofensivas chuzadas, como en el pasado, en el caso del DAS, por lo general están asociadas a acciones criminales de persecución, desprestigio y hasta ejecución de opositores, dirigentes de izquierda y activistas sociales y populares.
El Gobierno debe responder ante el país y el mundo. En lugar de defenderlas con todo el cinismo. No es suficiente la destitución del jefe de inteligencia. El ministro Pinzón y el comandante del Ejército deben renunciar y se debe dar otra orientación a la labor de inteligencia del Ejército, siempre orientada a buscar el "enemigo interno" entre los críticos del régimen y los luchadores sociales. Detrás de la actividad ilegal reciente está Álvaro Uribe Vélez, destinatario de la información obtenida de manera ilegal con la interceptación a los delegados gubernamentales en La Habana. La paz tiene enemigos dentro y fuera del Gobierno y si el presidente Santos quiere avanzar en la dirección de la paz estable y duradera debe separarlos porque son un obstáculo para el éxito de la mesa de La Habana.
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