Llamados a responder dos generales de la República. La directiva 029 del entonces ministro de Defensa, Camilo Ospina, amparó y estimuló esta modalidad delictiva del terrorismo de Estado.
Al terminar el periodo como Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre anunció la vinculación de dos generales de la República a los procesos de “falsos positivos” o ejecuciones extrajudiciales, cometidos por la Fuerza Pública. Militares, en aparentes operativos de orden público, asesinaban a inermes ciudadanos y los presentaban como guerrilleros caídos en combate, así se hacían acreedores a los reconocimientos y premios de sus superiores y a las recompensas que ofrecía el Gobierno Nacional.
En efecto, el lunes 28 de febrero del presente año, la Fiscalía informó que se había dictado orden de captura contra el general Henry Torres Escalante, mientras que el general en retiro Mario Montoya fue citado para el 31 de mayo a audiencia de imputación de cargos. Son los dos primeros generales, uno activo y otro retirado, acusados de participar en los crímenes de los llamados falsos positivos.
El general Henry Torres fue jefe del Comando Conjunto Nro. 2 del Suroccidente (departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño) y en la actualidad se desempeña como Jefe de la Oficina de Memoria Histórica. Al oficial lo acusan porque tropas a su mando, adscritas a la Brigada XVI, en marzo de 2007, asesinaron a los campesinos Daniel Torres y a su hijo Roque, menor de edad, cuyos cadáveres fueron presentados como guerrilleros del ELN “dados de baja”. Las víctimas que no eran desconocidas para los militares, sin embargo, fueron presentadas como “integrantes de grupos subversivos” por el general Torres, comandante de la Brigada XVI. La Fiscalía tiene suficientes pruebas que ha presentado ante la Corte Suprema de Justicia, para demostrar que fue un plan preconcebido, en el marco de los “falsos positivos”, que estremecieron al país durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez
La política del body count
Lo del general Mario Montoya no sorprendió a nadie. Siempre ha estado en el ojo del huracán por varios escándalos durante su carrera militar. Fue una especie de padrino de la modalidad delictiva de los “falsos positivos”. Según varios medios de comunicación, la Fiscalía tiene pruebas suficientes para imputar cargos al oficial tropero. Dice la revista Semana, edición 1770, del 3 al 10 de abril de 2016: “Las investigaciones señalan que la política del tristemente célebre body count (recuento de víctimas, nota de C.L.) aplicada por Montoya, implicó también que él deliberadamente desconociera todas las advertencias de Naciones Unidas, Defensoría y ONG que para la época señalaban que algunas unidades militares estaban ejecutando civiles. El pico más alto de estos asesinatos ocurrió justamente en la mitad del período de Montoya (como Comandante del Ejército, nota de C.L.), cuando en 2007 se registraron 737”. Y podríamos agregar que de esas mismas normas y recomendaciones se burló el presidente Álvaro Uribe Vélez bajo su política de “seguridad democrática”, entendida como instrumento de guerra contrainsurgente y de represión a los opositores. Según Semana, Montoya fomentó esta práctica de los “falsos positivos”. Para los demócratas son una modalidad del terrorismo de Estado en Colombia.
El general Mario Montoya fue comandante del Ejército de Colombia desde 2006 a 2008. Antes, había comandado, en 2003, la operación Orión en la Comuna 13 de Medellín y luego se conocería que lo hizo con apoyo de “Don Berna”.
A pesar de sus “éxitos” militares fue uno de los altos oficiales más cuestionados. En 2009 tuvo que renunciar a la Embajada de Colombia en República Dominicana, nombrado por Uribe Vélez, debido a las denuncias y críticas de ONG humanitarias del país y del exterior.
Montoya dirigió los operativos contra la comuna 13 en la parte nororiental de Medellín, en pleno corazón de la “capital de la montaña”, para eliminar a supuestos milicianos de las FARC-EP y del ELN. Nada igual -no lo estamos lamentando- se adelantó contra las huestes de sicarios de “Don Berna”, capo narcoparamilitar que controló las comunas de Medellín. La “Operación Orión” fue uno de los operativos más cruentos contra la población civil, tapado por el gobierno de Uribe Vélez, por la vergüenza que significó para el país y para la precaria democracia.
A nadie sorprende, entonces, que el general Mario Montoya sea llamado a responder por los “falsos positivos”.
La directiva 029
Pero el padre de la criatura fue el presidente Álvaro Uribe Vélez. En su delirio guerrerista y aferrado a las líneas de confrontación de la “seguridad democrática”, cuya filosofía vulgar del “todo vale” condujo a numerosos crímenes y extralimitaciones. Como dijo un periodista, cuando apenas comenzaban a conocerse los primeros casos, “todos los caminos conducen a Uribe”.
En noviembre de 2005 el entonces ministro de Defensa, Camilo Ospina, expidió la directiva 029 sobre las recompensas y la campaña de la fuerza pública para dar resultados en la lucha contrainsurgente. Esa directiva ministerial, por su naturaleza, necesariamente tuvo que consultarse con el presidente Álvaro Uribe y con la cúpula militar. No fue una decisión individual y espontánea del ministro Ospina. Esto lo reconocería años después. Dicha directiva con el sello de secreto, fue distribuida en todas las brigadas y batallones del país. El asunto, sin tapujos establecía: “Política ministerial que desarrolla criterios para el pago de recompensas por la captura o abatimiento en combate de las organizaciones armadas al margen de la ley(…)”.
El Espectador en 2007 hizo una investigación sobre el tema y estableció: “Estadísticas de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía muestran que, tras la expedición de la directiva 029, se pasó de 73 denuncias en 2005, a 122 en 2006 y 245 en 2007. Aunque las recompensas por la muerte de guerrilleros no pueden, en principio, ser entregadas a miembros activos de la Fuerza Pública, podrían haber suscitado alianzas entre grupos criminales y militares con el fin de cobrar las recompensas (por una parte) y mostrar mejores resultados (por otra). Estas alianzas criminales pueden explicar algunas de las desapariciones que hoy escandalizan al país y al mundo entero. En suma, cabe la posibilidad de que las recompensas (y los mismos incentivos que operan dentro de las Fuerzas Armadas) hayan propiciado alianzas criminales dedicadas a la fabricación de cadáveres”.
Al terminar el gobierno de Uribe estaban en investigación dos mil homicidios extrajudiciales, según Eduardo Matyas. Fueron abiertos en la Unidad de DD.HH. de la Fiscalía 1.273 procesos contra miembros del Ejército y civiles por las ejecuciones extrajudiciales, que dejaban un saldo de 2.077 colombianos asesinados: 59 de ellos eran menores de edad y 122, mujeres. Por esos casos, había 137 condenas contra militares y 396 tienen órdenes de captura. Estaban abiertos en la Unidad de DD.HH. de la Fiscalía 1.273 procesos contra miembros del Ejército y civiles por las ejecuciones extrajudiciales, por 2.077 colombianos asesinados: 59 de ellos eran menores de edad y 122, mujeres. Por esos casos, hubo 137 condenas contra militares y 396 tenían órdenes de captura.
Los generales son una pieza fundamental en la cadena delincuencial de los “falsos positivos”, pero los determinadores fueron los inquilinos de la “Casa de Nari” y el ministro Ospina quien expidió la directiva y los sucesores de este que aplicaron la misma política. Colombia, por esta cruel clase dominante, ha sido tierra abonada para el terrorismo de Estado.
Semanario Voz
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