La crisis en las Fuerzas Militares de los últimos días, reflejada en los escándalos de la actividad ilegal de una célula de la inteligencia del Ejército y por los sobornos y la corrupción en la contratación de las Fuerzas Militares que involucra a varios generales y oficiales de alta graduación, va más allá de estos repudiables hechos, porque pone en entredicho la doctrina de las Fuerzas Militares que las coloca por encima del poder civil legal al que le deben obediencia y sometimiento, de conformidad con la Constitución Política.
En el primer caso, se trata de un entramado criminal, que adelantaba no solo “inofensivas” chuzadas, además “legales”, como lo sostuvieron el pintoresco ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón y el comandante del Ejército, general Juan Pablo Rodríguez.
En el escándalo del DAS quedó en evidencia que la acción delincuencial de su aparato de inteligencia no se redujo a escuchas y seguimientos de opositores y críticos del gobierno de Uribe Vélez, sino que adelantó asesinatos, amenazas e infames campañas de desprestigio, como en los casos de Piedad Córdoba y este columnista. El profesor Correa D’Andreis, dirigentes sindicales y militantes de la izquierda, fueron asesinados por este organismo, subalterno de la entonces “Casa de Nari” uribista.
En el segundo, está relacionada con planes para atacar a los fiscales que investigan y formulan acusaciones en la jurisdicción ordinaria a los delincuentes de uniforme que incurren en actos por fuera del servicio, orquestados ni más ni menos por el general Leonardo Barrero, en la época jefe del Comando Conjunto y ahora (recién destituido) comandante de las Fuerzas Militares. Barrero le habría dicho al coronel Róbinson González del Río, sobrino de Rito Alejo y procesado por “falsos positivos”: “Hagan una mafia para denunciar fiscales y toda esa güevonada”. Qué tal la joyita de comandante, aliado con un delincuente de uniforme.
Para algunos la solución está en castigar de forma ejemplarizante a los responsables de estos actos dolosos e inmorales. Para el Gobierno todo fue legal. Al general Barrero no lo sacaron por corrupto sino por unas “declaraciones inconvenientes”, según la explicación del flamante ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón. Y el general Rodríguez, responsable de la acción ilegal de la inteligencia del Ejército, ahora es el comandante de las Fuerzas Militares.
Pinzón, responsable político del entuerto, quedó en el cargo, más atornillado que antes. Los oficiales de inteligencia fueron trasladados a otras dependencias. Allí seguirán delinquiendo. No cabe la menor duda. El problema militar es más estructural. Es de doctrina, la que sirve de soporte a la lucha contrainsurgente, extendida para reprimir la movilización popular y aniquilar al “enemigo interno”. Es lo que hay que cambiar y reformar a fondo.
carloslozanogui@etb.net.co
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