Por: Carlos A. Lozano Guillén
Publicado en la revista virtual Izquierda No. 12, descárguela de www.espaciocritico.com
La definición de la existencia del conflicto interno en Colombia por parte del presidente Juan Manuel Santos Calderón y consignada en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, aprobada hace pocos días en el Congreso de la República, es un paso importante, después de ocho años, en el gobierno uribista, de negarlo una y otra vez a los ojos del país y del mundo, que siempre reconocieron esta realidad. Aunque no faltan los analistas, con cierta dosis de razón, que atribuyen la decisión a la jugada gubernamental de obtener patente de corso para los operativos militares de tierra arrasada y bombardeos indiscriminados contra la insurgencia que tienen “daños colaterales” a la población civil, en particular en las regiones agrarias y zonas calientes del conflicto. El presidente Santos al explicar la aceptación de la existencia del conflicto, dijo que es la única manera de justificar los operativos militares, incluyendo bombardeos y otras acciones bélicas contra la guerrilla.